El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha considerado este lunes "desproporcionado" que España y el resto de la Unión Europea tomen medidas para romper las relaciones diplomáticas con Venezuela, en represalia por que el régimen de Nicolás Maduro no permitiera el domingo la entrada de un grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo.
En una rueda de prensa en Bruselas, Borrell ha subrayado que "naturalmente" España condena el veto a los parlamentarios 'populares' y ha recordado que desde su Ministerio se han hecho gestiones para tratar de "facilitar" su entrada al país, pero ha querido dejar claro que no viajaban en nombre de una institución europea, sino que se representaban "a sí mismos".
Preguntado si no cree contradictorio reconocer al líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y, al mismo tiempo, mantener los canales diplomáticos abiertos con Caracas, el jefe de la diplomacia española ha advertido de que "no es un caso particular" y que el resto de países de la UE están en la misma situación.
"Tenemos todo el interés del mundo en mantener la presencia diplomática activa en Venezuela", ha indicado Borrell, para después recordar que el elevado número de ciudadanos españoles que viven en este país.
Así las cosas, el ministro ha considerado "desproporcionado" pedir a España que se retire del grupo de contacto o que se anulen las credenciales al embajador de Maduro en Madrid, si bien ha querido subrayar que el Gobierno hizo "todo lo posible" para que dejaran entrar el domingo a los eurodiputados del PPE.
"Hay que distinguir entre una misión del Parlamento europeo y un viaje que organizan los eurodiputados representándose a sí mismos o, en todo caso, representando a los grupos políticos al que pertenecen. No es lo mismo", ha expresado Borrell.
Sobre las gestiones que ha llevado a cabo Exteriores, Borrell ha dicho que "en un determinado momento pareció posible" que Caracas aceptara la entrada de la delegación del PPE, pero que finalmente se frustró; y ha añadido que si vuelven a intentar el viaje, su departamento repetirá los esfuerzos para tratar de favorecerlo.
El jefe de la diplomacia española también ha confirmado que esta misma semana viajará un equipo "técnico" del grupo de contacto internacional a Venezuela, un instrumento que Borrell ha lamentado que no se haya creado hasta que "el lobo tenía las orejas tan grandes que era imposible no verlas".
NO ERA UNA MISIÓN DE LA EUROCÁMARA
El presidente del Parlamento europeo, el conservador Antonio Tajani, ha instado a la UE a tomar medidas después de que el régimen de Nicolás Maduro haya impedido la entrada en Venezuela de un grupo de eurodiputados del Partido Popular Europeo, a pesar de que no se trataba de una misión europarlamentaria, sino de una iniciativa particular de estos parlamentarios.
También los eurodiputados, entre los que está el portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, han reclamado a los 28 una respuesta firme, por ejemplo retirándose del grupo de trabajo y cancelando las credenciales de los embajadores venezolanos destacados en los Estados miembros.
A estas peticiones, Borrell ha dicho que la reunión de ministros de la UE "no tiene nada que decirle" a la Eurocámara sobre cómo organizar sus misiones, ni a los eurodiputados "cómo viajan, a dónde viajan, ni los objetivos por los que viajan", pero que si quieren ir en representación de la institución europea hay "unos procedimientos".
"Si quieren ir a título personal, es otra cosa. Y si quieren volver, pues volverán", ha continuado el ministro español. Al ser preguntado por si repetirá las gestiones para facilitar este nuevo viaje, Borrell ha dicho que no puede hacer "nada para impedirlo" y que harán "todo lo posible para facilitárselo".
"Si quieren intentar volver a ir, volveremos a pedirle al Gobierno 'de facto' venezolano que los deje entrar", ha zanjado.
Venezuela es un asunto que han tratado "largo y tendido" los ministros de Exteriores de la UE durante el almuerzo, en el marco de un debate que ha servido para insistir en que la posición común es hallar una solución que evite el uso de la fuerza, porque lo contrario no sería "sostenible" a largo plazo y pondría en riesgo la estabilidad de la región.
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