El servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, encargado de hacer cumplir las sentencias de este tribunal, ha pedido hoy un informe a la Fiscalía sobre si se debe cursar la petición de extradición a España de Carlos García Juliá, detenido el miércoles pasado en Brasil por la matanza de Atocha.
Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, en el informe la Fiscalía deberá pronunciarse sobre si ha prescrito la condena contra Juliá, huido durante un permiso carcelario, y si procede reclamar su entrega al país sudamericano.
La Audiencia Nacional ha cursado este trámite después de que se haya notificado al juzgado de guardia la detención de este condenado por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en Madrid en 1977.
Cuando se pronuncie la Fiscalía sobre la posible extradición de García Juliá, la sección primera de la Audiencia Nacional, que fue la que le condenó a 193 años de cárcel, tendrá que emitir un auto en el que ordene, en su caso, que se inicien los trámites de extradición, que correrán a cargo del servicio de Ejecutorias al ser una sentencia firme.
Sobre la posible prescripción de la sentencia, fuentes jurídicas consultadas por Efe apuntan a que empezaría a correr el plazo desde que huyó de la justicia y que se aplicaría el actual Código Penal (más beneficioso que el de 1973, en base al que fue condenado), que contempla la prescripción a los 30 años en condenas a más de 20 años de prisión.
Según ha informado hoy la Policía Nacional, Carlos García Juliá, detenido en Sao Paulo, estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.
Tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha y estaba buscado por las autoridades judiciales españolas desde 1994 tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.
Tras el crimen pasó más de un mes escondido, fue detenido el 11 de marzo de 1977 e ingresó en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, donde fue condenado
En 1991 se le concedió la libertad condicional, en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España y desde entonces se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal de diciembre de ese año.
En 2017 se emitió una orden internacional de detención contra él, momento en el que se iniciaron las gestiones más intensas para dar con el paradero de García Juliá.
La investigación determinó que podría estar en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde residiría fugado bajo la identidad de un ciudadano venezolano.
El pasado mes de julio, gracias a la cooperación internacional, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española, cuando se iniciaron los trámites para su detención.
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