La presencia de piquetes informativos en los accesos en cárceles de toda España está retrasando la entrada de los funcionarios que no secundan esta primera jornada de huelga general convocada por los sindicatos CC.OO., Acaip, CSIF, UGT y CIGA en las prisiones.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a Efe que la llegada de los funcionarios a una veintena de prisiones se está retrasando y que, por ello, todavía no disponen de datos de seguimiento, que sí cifran en un 47 por ciento en el turno de anoche.
Desde los sindicatos, sin embargo, se han sumado al primer turno de los paros, el de anoche, entre un 80 y un cien por cien y al de esta mañana en torno al 80 por ciento aunque las organizaciones están aún ajustando la cifra de seguimiento porque no se han producido los relevos en algunas prisiones.
Las cárceles de Madrid, la de Bilbao (Basauri), Sevilla I y II , las de Castilla y León son las que acumulan más retrasos en la entrada de funcionarios, en tanto que la de Picassent (Valencia) y Teixeiro (A Coruña) ya han completado el relevo de trabajadores.
En declaraciones a Efe, los portavoces de CC.OO., CSIF y Acaip se muestran satisfechos con estas primeras horas de huelga general, que transcurren "sin incidentes", aunque denuncian que los servicios mínimos son "abusivos".
"Se han decretado servicios mínimos por encima de un día normal", ha reprochado la responsable de CC.OO. Prisiones, Silvia Fernández, que ha detallado que están garantizados para los internos los servicios sanitarios, de alimentación y en la oficina de régimen que tramita la llegada y salida de presos.
Han quedado suspendidas las actividades educativas y las salidas programadas, dice Fernández.
Los sindicatos reclaman con esta huelga al Ministerio del Interior mejoras laborales tras el "engaño" del Gobierno por haber retirado su oferta de subida salarial poco después de prometerla.
Según estas organizaciones, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, les ofreció una partida de 123 millones de euros para el periodo 2019-2021 destinada a una subida salarial que supondría para cada funcionario 123 euros brutos más mensuales.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han recordado a Efe que se presentó a las centrales sindicales un estudio técnico y no una oferta y que en él se proponía trabajar en la reforma de la clasificación de los trabajadores en función del centro en el que trabajen, algo que no se había modificado desde 2005.
Se trataba de reducir de 9 a 3 las categorías, lo que redundaría en una mayor equiparación salarial, según las mismas fuentes.
Las fuentes se han remitido al acuerdo de la Mesa de la Función Pública donde todos los sindicatos -Acaip no está representado- firmaron una sabida salarial para el trienio 2018-2020, de un 1,75 %, de 2,25 % y de 2 % para cada uno de los años como incremento fijo, más los porcentajes variables que también fueron acordados.
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