"Nosotros no lo sabemos, pero desde el CGPJ nos gustaría mucho saber quiénes son esos que saben", ha subrayado Macías
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apelado a la moderación, la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad.
El CGPJ ha emitido un comunicado "a la vista de las recientes manifestaciones realizadas por diversos miembros del Gobierno" sobre la sentencia de la Audiencia de Navarra en el juicio contra la Manada, en la que el juez Ricardo González incluyó un voto particular pidiendo la absolución de los acusados, que fueron condenados a 9 años de cárcel por abusos pero no por agresión sexual.
Entre estas manifestaciones figura la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que hoy ha considerado que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra él.
"La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad", dice el comunicado.
"Parece evidente que los acontecimientos vividos en las últimas jornadas nos deben hacer reflexionar e incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria, pero esos mismos acontecimientos hacen igualmente evidente que es necesario dirigir ese esfuerzo por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos", añade.
El Consejo General del Poder Judicial recuerda que ya emitió un comunicado el pasado 27 de abril en el que recordaba que dicha sentencia se había dictado "dentro del marco de garantías y de sumisión a la ley que recoge nuestro Estado de derecho, que incluye el debido sistema de recursos que permite asegurar el acierto de las resoluciones judiciales".
En ese comunicado el CGPJ, tras reconocer la legitimidad de la crítica a las sentencias, hacía un llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que, con sus manifestaciones, no pusiesen en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos.