El Departamento de Estado de EE.UU. destacó en su informe anual sobre derechos humanos que no existen informes sobre infracciones cometidas en España, ni tampoco sobre la existencia de presos políticos pese a las reiteradas reclamaciones del movimiento independentista catalán en este sentido.
En su informe, que sirve de guía al Congreso estadounidense para decidir la ayuda exterior a cada país, Washington destaca que "no existen informes sobre atroces abusos de los derechos humanos" durante 2017.
Sobre la existencia de presos políticos en España, un punto defendido por partidos independentistas por la encarcelación de algunos de sus dirigentes, acusados de delitos como el de rebelión o el de malversación, el Departamento de Estado se mostró tajante.
"No existen informes sobre la existencia de presos o detenidos políticos", subraya el documento, que agrega que en España "la Constitución y la Ley prohíben los arrestos arbitrarios y dan a cualquier persona el derecho a cuestionar ante los tribunales su detención".
En octubre del año pasado, el Gobierno autonómico de Cataluña, en el nordeste de España, celebró un referéndum ilegal sobre la independencia de la región a pesar de no contar con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Durante la jornada de la consulta se sucedieron altercados con heridos entre votantes y agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que trataban de impedir el referéndum por orden judicial.
En el informe que fue presentado hoy por el secretario de Estado en funciones, John Sullivan, se señala que las fuerzas de seguridad actuaron por indicación del TSJC con la intención de "cerrar las mesas de votación ilegales y de incautarse del material ilegal".
El documento, no obstante, se hace eco de las acusaciones del Gobierno regional catalán, que habló de más de 800 heridos debido a la actuación policial, así como de las denuncias de las fuerzas del orden, que informaron de que más de 400 agentes resultaron heridos durante dichos altercados.
Por otro lado, el informe apunta que "por lo general" en 2017 el Gobierno español tomó medidas para juzgar a servidores públicos que "cometieron abusos", aunque reconoce que en algunos casos la corrupción "creó una impresión de impunidad".
En concreto, el informe cita el caso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, acusado de haber "desviado fondos" para financiar al Partido Popular (PP).
El informe sobre las Prácticas de los Derechos Humanos del Departamento de Estado examina de forma anual el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo, excepto del de Estados Unidos, y sirve para ayudar a esbozar la política exterior de Washington.
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