El Gobierno asume que el trimestre que se inicia en abril será decisivo para el devenir de la legislatura y aguarda esperanzado que se despejen dos incógnitas: si cuenta con apoyos suficientes para unos nuevos presupuestos y si en Cataluña habrá un president o deberán repetirse las elecciones.
Fuentes del Ejecutivo aseguran a Efe que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no condiciona la duración de la legislatura a que haya una respuesta positiva a esas dos cuestiones pendientes, porque su objetivo en todo caso es que las elecciones generales se celebren cuando tocan, en 2020.
Pero admiten que, en el caso del proyecto de ley de presupuestos, su aprobación abriría un nuevo horizonte para afrontar con más tranquilidad la segunda parte del segundo mandato de Rajoy.
La clave para que haya unas nuevas cuentas del Estado sigue pasando por convencer al PNV de que las apoye, pero los nacionalistas vascos han dejado claro esta semana que se mantienen en su tesis de hace meses: no negociarán nada mientras siga en vigor en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Ayer reiteró ese mensaje, y su presidenta en Vizcaya, Itxaso Atutxa, quien aseguró que su partido no había recibido aún ninguna llamada del Gobierno para una posible negociación, le invitó a buscar los apoyos que necesita "en otros caladeros".
Las fuentes del Gobierno aseguran que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de ley presupuestario con el convencimiento de que puede pasar el examen del Parlamento, porque, si no, no se habría tramitado.
Niegan asimismo que, pese a la actitud pública del PNV, haya cerrado ya un pacto con este partido, tal y como sugirió el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al dar por hecho que el Gobierno tendría "amarrado" ese apoyo.
Pese a que el PNV se niegue a negociar, el Gobierno pretende hacer hincapié en la necesidad de que sopese los beneficios que tendría su apoyo para los intereses generales de España, de las comunidades y de algunos colectivos en especial, como los pensionistas.
Si los nacionalistas vascos persisten en su negativa, tampoco ve perdido el Gobierno su apoyo.
El motivo es que confía en que antes de que se celebre en el Congreso el debate de totalidad de los presupuestos, haya habido en Cataluña la investidura de un presidente de la Generalitat de acuerdo con la Constitución y la ley y, por tanto, el artículo 155 quede sin efecto.
En ese caso el Gobierno no tiene ninguna duda de que sumaría los votos necesarios para sacar adelante las cuentas de 2018.
Si trascendente es el próximo trimestre para los presupuestos, también lo es para la situación en Cataluña.
Con los plazos ya corriendo tras la fallida votación de investidura de Jordi Turull, si el 22 de mayo ningún candidato ha logrado la confianza del Parlament se convocarán automáticamente nuevas elecciones que se celebrarían previsiblemente el 15 de julio.
El Gobierno reitera que no desea este escenario y llama a la responsabilidad de los partidos catalanes para lograr que haya un nuevo president y se consiga la normalidad institucional, política, económica y social.
Una normalidad que considera que es un clamor entre los ciudadanos al seguir percibiendo como siguen deteriorándose las expectativas de futuro.
Un ejemplo más consideran que es la noticia conocida ayer respecto a la suspensión de la regata Barcelona World Race ante las dificultades para encontrar patrocinio y por la falta de estabilidad política.
Aunque haya en breve un nuevo president, el Ejecutivo es consciente de que el asunto catalán seguirá protagonizando lo que reste de legislatura tanto por lo que dé de sí la actuación del nuevo Govern como por las consecuencias del procedimiento judicial en el que, con Carles Puigdemont al frente, se encuentran incursos quienes impulsaron el proceso independentista.
Pero restaurada la legalidad, el Gobierno está decidido a demostrar con hechos la disposición al diálogo que Rajoy ha venido garantizando y con la misma premisa de siempre: respeto de la legalidad.
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