La policía marroquí ha abortado en los últimos cinco años (2012-16) más de 150.000 intentos de emigración ilegal hacia España y ha desmantelado 392 redes de tráfico de personas, según cifras del Ministerio de Asuntos de la Emigración.
El informe del ministerio marroquí, obtenido por Efe y que contiene datos desde el año 2002 hasta abril del pasado año, señala que fue en el año 2014 cuando se registró el "pico" de salidas ilegales hacia España, ya que la policía consiguió frenar a 37.816 personas y desmanteló 105 redes.
La mayoría de los interceptados son extranjeros (presuntamente subsaharianos, pero no se precisa), en una proporción de entre el 75 y el 80 %, según los años.
Estas cifras no coinciden exactamente con las de la policía española, que en 2014 contabilizó 20.000 intentos de salto de las vallas de Ceuta y Melilla, aunque no incluyen las salidas por pateras.
El dispositivo policial para reforzar las fronteras de Marruecos en cuestiones migratorias costó al Estado marroquí 2.000 millones de dirhams (unos 200 millones de euros) en 2015: despliegue de 13.000 agentes solo en las costas del Mediterráneo, cámaras de alta definición a lo largo de toda la frontera, material de detección de documentos falsos y programas de reconocimiento facial.
La vigilancia desde el mar compete a la Marina Real y a la Gendarmería Real marroquí "en coordinación con la Guardia Civil española", señala el informe.
El dispositivo incluye "operaciones en los bosques colindantes con las ciudades de Ceuta y Melilla para asistir a los emigrantes víctimas de las redes de tráfico de personas", señala el informe.
Sin embargo, y según las organizaciones de apoyo a los emigrantes, estas operaciones tienen un carácter represivo y raramente nunca asistencial, ya que se saldan casi siempre con el desmantelamiento de los campamentos o guaridas de los emigrantes y su traslado forzoso a regiones del sur de Marruecos donde son abandonados.
El control de la emigración se ha convertido en uno de los ejes de la relación entre Marruecos y la Unión Europea, y los ministros y políticos marroquíes no tienen reparo en calificar el papel de Rabat de "gendarme" de las fronteras europeas.
En una reciente entrevista con Efe, el ministro de Agricultura marroquí, Aziz Ajanuch, se quejaba así de las supuestas trabas que los productos marroquíes encontraban en la UE, vinculándolo directamente con las políticas de control migratorio.
"¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes y darles empleo (a los africanos establecidos en Marruecos)? ¿Para exportar adónde?. El problema de la emigración es muy costoso para Marruecos, y Europa debe apreciarlo en su justo valor", advirtió entonces Ajanuch.