Actualizado: 16:48 CET
Martes, 23/04/2019

Huelva

Condenan a ONO-Vodafone a anular la penalización por permanencia

Un cliente reclamaba 233,27 euros por la pedir la anulación de la permanencia y la devolución de 40,41 euros de una deuda que le reconocieron a su favor

  • VODAFONE

El Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva ha condenado a anular la penalización por permanencia de 233,27 euros que reclamaba a un cliente y la devolución de 40,41 euros de una deuda que le reconocieron a su favor y no le abonaron, al reconocer su mala práctica en la gestión de los servicios.

En este caso, el usuario afectado, según ha informado la Unión de Consumidores de Huelva, que le ha asistido en el juicio verbal, recibió una oferta de un servicio de fibra óptica que, una vez formalizado el contrato no se ajustó a lo prometido.

Una vez puesto en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone-ONO se le reconoció una deuda a favor del usuario de 41,10 euros pero no se le abonó.

Por otra parte, el usuario procedió a la baja del contrato por incumplimiento de la oferta y la empresa de telefonía procedió a penalizarle con 233,27 euros en concepto de "Coste de cancelación por compromiso en tarifa" cuando en su contrato no aparecía compromiso por cancelación.

A partir de este momento han sido numerosas las notificaciones, llamadas y mensajes de despachos de reclamación de deudas que "han generado continuas molestias al afectado, siendo nula la atención prestada a la reclamación por parte de Vodafone-ONO".

Por ello, con la asistencia de la Unión de Consumidores de Huelva, se procedió a la interposición de una demanda de juicio verbal que ha dado lugar a la sentencia favorable para el consumidor, obligando a la compañía de telefonía no solo a abonar los 41,10 euros, sino a anular la reclamación de 233,27 euros.

Esta sentencia, según la UCE, lanza el mensaje de que "reclamar derechos contra las compañías de telefonía no cae en saco roto" y "refuerza" la fórmula del juicio verbal, destinado a reclamar cuantías inferiores a 2.000 euros y sin necesidad de abogado o procurador, como una solución a la vulneración de los derechos de los consumidores frente a grandes corporaciones

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