Antonio Ortiz, considerado el pederasta de Ciudad Lineal, afronta este miércoles con semblante tranquilo y serio la segunda sesión del juicio que se celebra por agredir sexualmente a cuatro menores entre septiembre de 2013 y agosto de 2014.
Ataviado con una sudadera marcada de color verde oscuro y un pantalón de chándal negro, el acusado ha entrado esposado a la sala, custodiado por dos policías.
Tras ser liberado de las esposas, se ha sentado tranquilo en la silla que le sitúa al frente de los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
Hoy la sesión será en parte a puerta cerrada. Ortiz escuchará el testimonio de dos de las niñas: la testigo protegido número 4 (6 años de origen chino) y 5 (7 años de origen dominicano). La primera es la menor que más resultó afectada por la agresión. De hecho, uno de los abogados pide por ella que se le impute una tentativa de homicidio, ya que su vida corrió peligro.
Ayer ya estuvo presente durante el visionado de las grabaciones del testimonio de otras dos niños, que le identificaron en las ruedas de reconocimiento sin género de dudas. En el caso de las de hoy, también le señalaron en las ruedas.
Tras el visionado de su exploración, se procederá a realizar una reconstrucción virtual del piso de Santa Virgilia. En el denominado 'piso de los horrores', Ortiz habría agredido a dos de las víctimas. Una de ellas estuvo hospitalizada diez días y requirió de intervención quirúrgica por las lesiones.
En esta vivienda desocupada los agentes de la Policía Científica hallaron varios vestigios incriminatorios como una huella palmar en el plástico que cubría un colchón. Aquí también se halló sangre de una de las víctimas y esperma del procesado.
Ayer, el procesado se negó a declarar y manifestó que no iba a responder a ninguna de las preguntas. Esta última afirmación la hizo esbozando una sonrisa en la cara. Tras sus palabras, retomó su actitud seria.
PENAS DE PRISIÓN
El acusado afronta penas de entre 26 y 126 años de cárcel. La Sección Séptima será la encargada de juzgar los hechos, con la presidenta María Luisa Aparicio al mando de las sesiones.
El Ministerio Público solicita una pena de 77 años y seis meses de prisión. Además, exige una indemnización de 75.000 euros para la testigo protegido 2 (TP2) por los daños morales, a la testigo protegido 3 (TP3), de 300 euros por los días que tardaron en curar sus lesiones y estuvo impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales y de 100.000 euros por los daños morales causados.
En el caso de la testigo protegida 4 (TP4), la Fiscalía solicita una indemnización de 900 euros por los días en que estuvo hospitalizada para curar sus heridas y de 150.000 euros por los daños morales. La testigo protegido 5 (TP4), deberá ser indemnizada, en su caso, en la cantidad de 100 euros por el día que tardó en curar sus lesiones y en 100.000 euros por los daños morales.
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