El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado que la supresión del Consejo Consultivo regional, cuyo proyecto se ha aprobado esta semana, es "una venganza" contra los consejeros permanentes, y considera que a sus miembros se les está tratando "como unos delincuentes".
En declaraciones, Leguina ha afirmado que "no existe el cierre" del organismo, ya que las funciones se derivarán a una comisión jurídica asesora perteneciente a los servicios jurídicos de la Comunidad. "Es simplemente echarnos", ha manifestado.
Leguina ya tildó de "barbaridad" el pasado mes de julio la posible supresión de este organismo, alegando que ahorra "mucho dinero a la administración". "¿Por qué es el único Consejo Consultivo que está en duda?", preguntó.
El expresidente socialista, que ha aclaró entonces que los consejeros permanentes no ganan unos 8.000 euros al mes "sino 5.000" después de impuestos y Seguridad Social, indicó que la intención de eliminar el Consejo se debe a que "unos nuevos dicen" que les caen "mal" tanto él como Alberto Ruiz-Gallardón.
Actualmente, son consejeros permanentes del organismo los expresidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, mientras que está presidido por Ignacio Astarloa. Entre los seis consejeros electivos de la institución se encuentran además dos exconsejeros del Gobierno regional: Mariano Zabía (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2003-2007) y Pedro Feliciano Sabando (Salud, 1987-1995).
SUPRESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este martes el proyecto de supresión del Consejo Consultivo y su remisión a la Asamblea regional, donde será tramitado por procedimiento de lectura única.
La supresión de este organismo, que supondrá un ahorro de 2,3 millones de euros, atiende a un compromiso electoral del PP y supone también el cumplimiento del punto número 9 del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Cifuentes aseguró que esta medida no supondrá "ninguna merma en los derechos ciudadanos de imparcialidad e independencia que rige el funcionamiento de la administración pública".
Así, las funciones que hasta la fecha estaba desempeñando las llevarán a cabo "instituciones integradas en la estructura administrativa de la Comunidad, que también son independientes". La función consultiva la llevarán a cabo los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, a través de una comisión jurídica asesora.
Y es que una vez planteada la disolución de este organismo tenían dos opciones. La primera de ellas pasaba por derivar los asuntos al Consejo de Estado y la segunda, que queden en manos de la comisión jurídica asesora de carácter independiente, por lo que han optado.
Además, el proyecto de ley contempla la posibilidad de que para proyectos o Proposiciones de Ley que tengan características especiales se pueda pedir ese dictamen al Consejo de Estado. Es el caso de la reforma de la Ley del Suelo, que podrían remitirlo a este organismo.
Así, con el fin de no paralizar la actividad diaria y no sobrecargar de trabajo al Consejo de Estado, será esta comisión jurídica, formada por letrados de la Comunidad de Madrid con dedicación exclusiva y de manera "independiente orgánica y funcionalmente de la administración", la que lleve a cabo las labores de consultoría.
Por otra parte, las tareas que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información pública y las reclamaciones que pueda haber al respecto quedarán en manos del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que "también es independiente".
En cuanto a los funcionarios que trabajan para este organismo, los letrados serán adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y los letrados dependientes de otras organizaciones volverán a su administración de origen. El resto, quedarán adscritos provisionalmente a la Consejería de Presidencia y Justicia hasta su adscripción definitiva a otros organismos.
Cifuentes ha precisado que ahora mismo hay 44 personas trabajando en este organismo. Once de ellos son altos cargos, con un coste de 962.794 euros anuales; cinco, eventuales (140.000 euros anuales) y 28 funcionarios (1,2 millones). "Lógicamente a estas personas que hay que seguir pagándoles aunque vayan a realizar otras funciones", ha apuntado.
En cuanto a la situación futura de los expresidentes autonómicos que integran el Consejo, ha afirmado que es algo que se tiene que abordar para ver, como existe en otras comunidades autónomas y otros países, qué estatus o reconocimiento se les da.
Para ello quiere hablar con el resto de grupos Parlamentarios y específicamente, con Ciudadanos, partido con el que han suscrito un acuerdo de investidura, pero "a priori no hay nada prejuzgado al respecto".
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