El conseller de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno balear, Iago Negueruela, ha calificado este sábado de "agresión injustificada" por parte del Gobierno de Rajoy el anuncio de recurso de inconstitucionalidad contra la ley de comercio balear, acordado ayer en el Consejo de Ministros.
Según ha explicado el conseller, acompañado de la directora general de Comercio, María Pilar Sansó, esto supone una "grave inseguridad jurídica" porque suspendiendo determinados artículos "podemos encontrarnos con solicitudes de grandes superficies en cualquiera de nuestras islas" que "pongan en peligro el equilibrio territorial y medioambiental".
"Cualquiera que conozca nuestras islas no puede entender que el Gobierno central haya anunciado un recurso contra una ley que busca garantizar el equilibrio, que se verá sumamente perjudicado", ha dicho Negueruela.
"No sabemos si es que Rajoy no ha venido aquí a veranear y no conoce nuestra tierra, pero nosotros sí y no entendemos este recurso", ha insistido.
750 METROS CUADRADOS
Uno de los puntos más discutidos es el de la autorización autonómica para la implantación o ampliación de grandes establecimientos comerciales. Mientras que la ley balear define los grandes establecimientos como aquellos con superficie útil para la exposición y la venta superior a 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 metros cuadrados en Menorca e Ibiza y 300 metros cuadrados en Formentera, la estatal establece que los que estén por debajo de los 750 metros cuadrados no pueden ser sometidos a un régimen de autorización.
Por ello, la directora general ha insistido en el peligro que supone la suspensión del artículo debido al tamaño de las islas, ya que según la ley estatal todas recibirán el mismo tratamiento.
"Esto implica un impacto brutal por la dimensión de las islas", ha argumentado Sansó, quien ha subrayado que la autorización para otorgar las licencias "era un mecanismo de protección".
NEGOCIACIONES
El Govern ha criticado que aunque existe una comisión bilateral para buscar consenso desde enero, ésta no se ha reunido hasta que han tomado posesión. Además, ha asegurado que tras las reuniones entendían que ese acuerdo iba a ser alcanzado por lo que han lamentado que "la norma haya sido impugnada apurando el plazo hasta el final".
En este sentido, Negueruela ha subrayado que esta ley "contaba con consenso" y que prácticamente se había alcanzado un acuerdo, por lo que se ha mostrado "sorprendido" por que el recurso ante el constitucional se produzca en este momento.
Además, ha protestado porque "otras normas similares de otras comunidades no han sido impugnadas" y esta medida se produce "justo a los diez días de llegar el nuevo Govern", cuando existía una comisión bilateral desde enero.
Por su parte, la directora general de Comercio ha explicado que el pasado lunes tuvieron una reunión mediante videoconferencia en la que transmitieron su "intención de llegar a un acuerdo". En esta reunión, ha mantenido Sansó, el gobierno central aceptó una propuesta de acuerdo.
"Tuvimos que renunciar a un punto que no era trascendental, pero Madrid cedió en puntos importantes como las dimensiones de grandes superficies", ha dicho.
En particular, el Govern balear no estaba de acuerdo en el apartado del silencio negativo y de los plazos para notificar la resolución de autorización.
"Se llegó a un acuerdo muy bueno para Baleares; habían dicho que todo iba bien pero ayer nos encontramos que el Consejo de Ministros ha acordado interponer este recurso", ha protestado Sansó.
"Se nos trasladó que íbamos a lograr un acuerdo, que era viable, no entendemos el cambio a última hora, ni siquiera comunicando formalmente lo que iba a suceder", ha corroborado Negueruela.
HOJA DE RUTA
El conseller ha asegurado que la reacción del ejecutivo autonómico "ha sido inmediata" y que ya se han puesto en contacto con agentes sociales implicados, presidentes de los Consells y todos los grupos políticos para crear "una hoja de ruta" de la que no ha querido dar detalles. No obstante, ha remarcado que los servicios jurídicos del Govern ya están trabajando en ello.
Además, han solicitado con máxima urgencia una reunión con el ministro para buscar una solución y han convocado para el lunes la comisión interinsular asesora de comercio, formada por representantes de las diferentes patronales, los Consells Insulares y los sindicatos y asociaciones de consumidores, para "valorar y adoptar medidas consensuadas ante esta situación".
LEY DEL PP
La ley que el Gobierno de Rajoy va a recurrir ante el Constitucional es del 15 de octubre de 2014, por lo tanto, de la anterior legislatura, durante el mandato de Bauzà.
En este sentido, el conseller ha manifestado que en el PP regional "deben estar sorprendidos" ya que "el PP crea una ley durante su mandato y el PP de Rajoy la impugna".
Ha explicado que se han puesto en contacto con todos los grupos políticos baleares, incluido el partido popular, y que las conversaciones mantenidas "han sido positivas".
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