Las autoridades chinas han transmitido al Gobierno español su "profundo malestar" por la decisión de la Audiencia Nacional de dictar órdenes de busca y captura contra varios exdirigentes chinos como presuntos responsables de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano, un asunto que, en su opinión, pueda llegar a dañar la relación bilateral. El Ejecutivo español ve con "suma preocupación" esta situación, reconocen a Europa Press fuentes diplomáticas.
China ha pasado este mensaje tanto en Madrid como en Pekín. El miércoles, el encargado de negocios de la Embajada china fue recibido por el director general para América del Norte, Asia y Pacífico, Ernesto Zulueta. Y ayer fue convocado en Pekín el embajador español, Manuel Valencia.
Esta es la forma habitual en la que países amigos manifiestan su protesta por algún asunto bilateral, antes de pasar a una herramienta mucho más enérgica como es la llamada a consultas del embajador del país ofendido.
En esos dos encuentros, los representantes españoles han escuchado las quejas de China y les han indicado que el Gobierno ve con "suma preocupación" que este malestar pueda afectar a las "excelentes" relaciones que España mantiene tanto con las autoridades como con el pueblo chino, enmarcadas en un acuerdo de asociación estratégica de 2005, añaden las mismas fuentes.
Al mismo tiempo, los representantes españoles han destacado ante las autoridades chinas su "escrupuloso respeto a las decisiones judiciales", según las fuentes consultadas. China no es ajena al funcionamiento independiente de los diferentes poderes en España, ya que cuentan con una Embajada en Madrid.
En la actualidad, el gigante asiático es el segundo tenedor de deuda española. Además, está pendiente de concretarse una visita del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a China -que en septiembre pasado se aplazó sin fecha-- coincidiendo con el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
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