Uno de los cabecillas de la trama china de blanqueo desarticulada en la "operación Emperador", Zhu Xiaoshuang, excarcelado por un error judicial junto al líder del grupo, Gao Ping, se ha querellado contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
La querella ha sido interpuesta en el Tribunal Supremo por ir dirigida contra un juez y dos fiscales, a los que acusa de un delito contra la libertad individual del artículo 530 del Código Penal.
El presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, ha sido designado ponente para redactar el auto de admisión o no de la querella para lo que ya ha pedido informe a la Fiscalía sobre la competencia del Supremo para conocer los hechos y si estos revisten un delito contra la libertad individual.
Xiaoshuang fue excarcelado el 29 de noviembre por Andreu junto a otros presuntos cabecillas de la trama de blanqueo, entre ellos su supuesto líder Gao Ping, después de que sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarara ilegal la prórroga, más allá de las 72 horas, de las detenciones que decretó en octubre.
La querella, a la que ha tenido acceso Efe, expone que el juez y los fiscales incurrieron en el citado delito tanto por prorrogar ilegalmente en octubre la detención de 20 personas -precisamente los líderes de la trama-, como también por postergar seis días la puesta en libertad de 16 de ellos el pasado noviembre después de que la Audiencia decretara ilegal la prisión de cuatro de los arrestados.
Para el abogado defensor de Xiaoshuang, Luis Gerez, Andreu y los representantes del ministerio público "se concertaron para hacer uso de artimañas procesales que les permitiese paliar, o tratar de paliar, lo que a todas luces era irremediable, y además escandaloso, ante la opinión pública", es decir, la liberación de los imputados.
"En lugar de entonar el 'mea culpa', nos encontramos ante una especie de huida hacia adelante, pero a costa de la libertad de esas personas, a quienes se les han conculcado sus derechos constitucionales", afirma en la querella.
El letrado recuerda que después de que el pasado noviembre la sección tercera decretara la libertad de uno de los cabecillas y "ante el escándalo provocado" por esta decisión, los fiscales presentaron ante esa sala un incidente de nulidad contra su resolución, un recurso que fue admitido de plano porque era "procesalmente inviable".
Insinúa además que esa manera de actuar la diseñaron los tres para "tratar de entorpecer la disposición de la Sala de lo Penal" de la Audiencia.
Después de esta resolución, la sección tercera decretó la libertad de otros tres detenidos con base en el mismo error judicial, decisiones que según el abogado fueron obviadas por el juez y los fiscales, de manera que se prolongó "ilegalmente" la prisión de 16 personas durante seis días, del 22 al 29 de noviembre, cuando Andreu dictó finalmente la libertad del resto de detenidos.
En la querella se critica el "empecinamiento" del juez en exponer en sus escritos sus argumentos para prolongar las detenciones de octubre, y que no fundamentó las medidas cautelares impuestas a los excarcelados, de comparecencia diaria en el juzgado y prohibición de abandonar el territorio nacional.
De ser admitida la querella, el abogado pide que se acceda a las grabaciones de las vistas de los detenidos en las que se recurrió su prisión, así como la intervención de los correos electrónicos entre el juez y los fiscales para ver si hubo "concierto" entre ellos para prolongar en noviembre en encarcelamiento de los cabecillas.
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