El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado en el Congreso que las medidas que se adopten para hacer frente a los desahucios no deben convertir el acceso al crédito o a la vivienda en un "privilegio", y ha asegurado que hasta 120.000 familias podrán acogerse a la moratoria recogida en el decreto ley, que se convalidará en el Pleno de la Cámara baja.
Así lo ha avanzado durante su defensa del decreto, afirmando que es un texto que "supone una respuesta urgente y paliativa a las situaciones más dramáticas" y reclamando el voto favorable de la oposición tanto al texto como a su tramitación como proyecto de ley para mejorarlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios.
"Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder", ha defendido, abogando también por trabajar para mantener la tasa de mora en el reducido 3% actual.
Así, ha subrayado que el decreto tiene como objetivo "proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad" con una moratoria del lanzamiento de dos años, periodo en el que el Gobierno confía que "puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan" ya que la mayor parte de los impagos son por circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y el paro.
MEDIDAS DEL DECRETO
Para ello, se podrá aplicar la moratoria a quienes cumplan unas condiciones económicas como no superar tres veces el IPREM, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos, que en los últimos cuatro años la hipoteca haya pasado a suponer un porcentaje mayor de los recursos familiares y que sea el crédito sobre la primera vivienda.
Además, podrán acogerse las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, con un menor de tres años o con un miembro discapacitado; que haya al menos un parado que haya agotado las prestaciones, que convivan una o más personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave; o que el deudor sea víctima de violencia de género.
Según ha avanzado el ministro, hasta 120.000 familias cumplen los requisitos económicos y familiares estipulados para poder acogerse a la moratoria, aunque ha aventurado que no se llegará a esa cifra. Sin embargo, este dato no llega ni a la quinta parte de los 621.000 posibles beneficiarios que el propio Guindos anunció en Bruselas una semana después de presentar el decreto.
Junto con la moratoria de dos años en los lanzamientos, también se prevé el "impulso urgente" a la creación de un Fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios "muy razonables" para personas que han perdido su vivienda.
En este sentido, Guindos ha asegurado que el Gobierno ya tiene el "compromiso" de entidades financieras para aportar 6.000 viviendas al Fondo Social para alquiler que prevé el decreto. "No es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías", ha añadido el ministro.
MEJORAR EN LA TRAMITACIÓN
"Éstas son las medidas más urgentes, pero estamos convencidos de que tenemos que ir más allá y abordar mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario", ha dicho el ministro, que para ello cuenta con las aportaciones de los grupos parlamentarios.
En concreto, ha tendido la mano para estudiar aspectos como los intereses de demora, dar más independencia a las sociedades de tasación respecto a las entidades financieras, evitar en el futuro el sobreendeudamiento "fomentando conductas más prudentes en la compra de vivienda habitual", las cláusulas abusivas o la clarificación en la comercialización de las hipotecas más complejas.
"El decreto ley es para proteger a los deudores hipotecarios especialmente vulnerables de manera urgente, porque la situación lo requería. Pero continuamos abiertos al diálogo y la negociación política en su tramitación. El empeño del Gobierno es contar con las aportaciones de todos los grupos, y estaremos absolutamente abiertos a tomar nuevas actuaciones y queremos llegar a máximo consenso posible. Una situación de esta naturaleza no exige menos", ha añadido.
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Guindos también ha avanzado datos del Código de Buenas Prácticas del pasado mes de marzo, que ya preveía medidas de reestructuración de la deuda e incluso de la dación en pago.
En concreto, ha dicho que las 101 entidades adheridas sólo 28 recibieron 278 solicitudes durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). De ellas, 44 acabaron en una reestructuración y ocho en dación en pago, mientras el resto fueron rechazadas por no cumplir las condiciones.
Por su parte, entre julio y septiembre "se muestra un claro aumento del número de casos tratados", con hasta 722 solicitudes nuevas de las que 604 se han resuelto, 127 de ellas con reestructuración de la deuda y 34 con dación en pago.
"Debemos mejorar el Código de Buenas Prácticas", ha reconocido el ministro, abriendo así la puerta a "estudiar nuevos umbrales" para conseguir llegar a más familias, así como a hacer que la Comisión de Seguimiento informe trimestral --en lugar de semestralmente-- sobre los resultados de esta "medida pionera" que, no obstante, "necesita de un periodo mayor de tiempo para demostrar su eficacia", según Guindos.
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