El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ha denunciado a la cúpula del Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su "inmediata actuación", según informaron a Europa Press en fuentes judiciales.
En el escrito remitido al juzgado de instrucción número 3 de Valencia y firmado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informa de que sus administradores detectaron posibles delitos que deben ser conocidos por la Audiencia "por su naturaleza y número de posibles afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en la economía nacional".
Ante la existencia de indicios de actuaciones irregulares en la entidad, las personas designadas por el FROB para ejercer las funciones que le corresponden como administrador provisional solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial que refleja actuaciones que podrían ser constitutivas de delito, indica.
"Por ello y en el convencimiento de que las circunstancias expuestas exigen la inmediata actuación de la Audiencia Nacional, el FROB ha considerado ineludible poner a disposición del juzgado central de instrucción el informe pericial realizado mediante la presentación de la correspondiente denuncia", indican.
Tras recibir el informe del FROB, el juzgado ha remitido con fecha del 4 de junio un oficio a las diferentes partes que integran el procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la competencia para investigar a Banco de Valencia o remitirlo a la Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de afectados. Tras pronunciarse las partes, el juzgado informará sobre su postura.
En la junta general de accionistas de la entidad celebrada el pasado 14 de mayo, el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga anunció que estaban elaborando un informe muy amplio y preciso y que próximamente iniciarían "alguna acción legal significativa derivada de los hechos y circunstancias" ocurridos.
El FROB ha puesto esta denuncia en conocimiento del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el consejo de administración de la entidad por dos delitos societarios: falsedad contable y administración desleal
27 IMPUTADOS EN VALENCIA.
En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.
Por este motivo, Fiscalía pidió al juzgado que recabase documentación registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de España. También solicitó libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.
Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó en febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia.
ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.
A esas dos acciones legales se unirá la acción social de responsabilidad que la junta aprobó que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como exconsejero delegado y expresidente.
De este modo, Banco de Valencia promoverá ante los tribunales una acción civil contra los administradores con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su gestión. De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores responden frente a la sociedad del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados.
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