El portavoz de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, votó a favor de la resolución del convenio si bien quiso apuntar una “advertencia jurídica”: las tomas de razón acordadas con la empresa Urbaser, para distribuir el pago de la deuda con este proveedor del Ayuntamiento jerezano, y que establece pagos hasta el año 2031. A su juicio ese acuerdo con Urbaser tendría que declararse “lesivo”, bien sea por parte de Diputación o del Ayuntamiento. El responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación de Diputación, Juan Antonio Liaño, ha referido un informe de la Asesoría Jurídica de la institución provincial en el que se fundamenta que el asunto planteado por Pacheco compete exclusivamente al Ayuntamiento jerezano.
Izquierda Unida, a través de su portavoz Pedro Romero, reprochó que en la Comisión informativa de Hacienda “no se aportara información detallada” sobre las consecuencias económicas derivadas de la ruptura del convenio de gestión tributaria con el Ayuntamiento de Jerez. Y añadió que esta rescisión establece “un peligroso precedente”. Juan Antonio Liaño defendió la “transparencia” ejercida durante todo el proceso y aseguró que una vez que se concrete la liquidación “debatiremos largo y tendido. Todos podrán pronunciarse y todos conocerán la situación económica entre la Diputación y el Ayuntamiento de Jerez”. Liaño también quiso aclarar la solvencia de un sistema de gestión tributaria en el que hoy se integran 40 de los 44 municipios de la provincia de Cádiz “y que responde a las necesidades de todos los Ayuntamientos”.
El grupo socialista, representado por José María Román, cuantificó en 30 millones de euros el importe de las transferencias anticipadas por Diputación al Ayuntamiento de Jerez, con cargo a las estimaciones de recaudación. A su juicio la devolución de estos fondos queda ahora seriamente comprometida. El asunto merece, según argumentó, la convocatoria de un Pleno extraordinario.
Juan Antonio Liaño aclaró que el Pleno de hoy sólo aborda la resolución de un convenio que “no se rescinde de mutuo acuerdo”. La rescisión la adopta el Ayuntamiento de Jerez “porque está facultado para ello, en el uso de su competencia y su autonomía”. En relación a la situación económica resultante, Liaño reiteró que el importe de la deuda lo cifrará la comisión técnica habilitada al efecto.
Antecedentes (rueda de prensa del 7 de marzo)
El pasado 7 de marzo Juan Antonio Liaño explicó, en rueda de prensa, el proceso abierto tras la ruptura del convenio sobre gestión tributaria con el Ayuntamiento de Jerez. Entonces expuso las siguientes pautas de actuación: encargo de informe jurídico, resolución del convenio en el Pleno y determinación de la liquidación económica. Las dos primeras cuestiones ya se han cumplido y resta por concretar la cuantía de la deuda entre las administraciones afectadas.
En aquella convocatoria, el responsable de Hacienda de Diputación reconoció su desagrado por la rescisión, si bien comprendía las razones esgrimidas por el Ayuntamiento de Jerez. Liaño reveló la magnitud de los compromisos de pago –“tomas de razón”- autorizados por la ex alcaldesa Pilar Sánchez: más de 540 millones de euros, adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias, con unos periodos de abono que llegan –en algún caso- hasta el año 2031. Estos compromisos anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente, según argumentó Juan Antonio Liaño.
A juicio del diputado de Economía, Hacienda y Contratación “estas tomas de razón son una barbaridad política y económica”. Juan Antonio Liaño también indicó la constancia de compromisos de pago fechados el 31 de mayo de 2011, en un periodo de transición, “de vacío de poder”, en el que los anteriores responsables –municipales y provinciales- formaban parte de gobiernos salientes.
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