El abogado del Estado ha pedido dos años y medio de cárcel para Juan Francisco Trujillo, el chófer encarcelado desde el pasado día 20 por los ERE fraudulentos, acusado ahora de delito fiscal por no declarar una de las dos ayudas de 450.000 euros que recibió de su jefe, el ex director general de Trabajo.

Fuentes del caso han informado a Efe de que el abogado del Estado, que ejerce la acusación, ha pedido además para Trujillo una multa de 900.000 euros -el doble de la ayuda percibida- y la devolución a la Agencia Tributaria de los 165.067 euros que dejó de ingresar. 

Además, solicita dos años y medio de inhabilitación para administrar sociedades y para obtener subvenciones oficiales. 

Junto a la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez sevillana Mercedes Alaya, que ordenó prisión sin fianza para Trujillo, el chófer está acusado en dos juzgados de Andújar (Jaén) por otros tantos delitos fiscales, por no declarar a Hacienda las dos ayudas de 450.000 euros que percibió de la Junta para sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena. 

La juez Alaya cree que eran empresas ficticias y los juzgados de Andújar le acusan de haber eludido el pago de sendas cuotas de 165.067 euros por el impuesto de sociedades del año 2004.

Trujillo fue encarcelado el pasado 20 de marzo, acusado por la juez Alaya de 22 delitos como obtención indebida de subvenciones, falsedad en documento mercantil, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El chófer confesó ante la juez que llegó a gastarse 25.000 euros mensuales de las ayudas en comprar cocaína para él mismo y su jefe, haber recogido en dos ocasiones de 2007 sobres con fajos de billetes para Guerrero, haber hecho facturas falsas por trabajos inexistentes y haber falsificado dos contratos de trabajo con empresarios amigos suyos para cobrar el paro.

Alaya impuso a Trujillo una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades económicas y no a eludir la prisión, ya que le imputó haber recibido tres subvenciones de 450.000 euros para otras tantas empresas que creó "puesto de común acuerdo" con Guerrero, así como otros 122.649 euros que recibió su propia madre de una póliza subvencionada por la Junta.

En cuanto a los sumarios que se tramitan en Andújar, las citadas fuentes han informado a Efe de que la causa está concluida y en breve será calificada por el fiscal, tras lo cual Trujillo será sometido a juicio en un juzgado penal de Jaén.

Los dos juzgados de Andújar acordaron en febrero inhibirse a favor de la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla en la parte de la denuncia referente a delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho en la percepción de las ayudas, pero conservaron la parte referida al delito fiscal.

Trujillo está encarcelado desde el 20 de marzo por el caso de los ERE y su exjefe desde el día 9.

La juez del caso ERE rechaza la petición de libertad de Guerrero y le mantiene en prisión
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha rechazado la petición de libertad y ha confirmado el auto de prisión que dictó el pasado 10 de marzo contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado por el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, han informado a Europa Press fuentes del caso.

En este sentido, y según han indicado las mismas fuentes, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que, además de rechazar el recurso interpuesto por el abogado del exalto cargo, adelanta del 19 al 18 de abril la declaración como imputado del exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y solicita a la Agencia Tributaria más información sobre las empresas del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, también en prisión.

El pasado día 10 de marzo, y después de una declaración de más de 20 horas, la juez mandó a la cárcel a Guerrero después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, pues la posible pena que podría corresponderle únicamente por el delito continuado de malversación de caudales públicos podría ser de hasta 18 años de cárcel.

La magistrada argumentó que "es claro que, conocida en este momento la importancia de los indicios, la gravedad de los delitos que se le imputan y de las penas que llevan aparejados, no podemos obviar que existe riesgo de fuga, sobre todo teniendo en cuenta que, por la repercusión mediática del caso y por la evidente alarma social creada, Guerrero habría perdido cierto arraigo social y desde luego ha perdido su arraigo laboral, pues no ha podido reingresar a su puesto de funcionario público".

SEGÚN LA JUEZ, GUERRERO CONCEDIÓ 887 AYUDAS

Asimismo, y en el mismo auto de prisión, la juez concluyó que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia" y "omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas".

Tras ello, el abogado de Guerrero solicitó su puesta en libertad una vez que declarase ante la juez su exchófer el 20 de marzo por entender que a partir de entonces "no podría presionar a nadie ni recibir presiones externas". El abogado apuntó a lo "dificultoso y prematuro" de calificar los supuestos delitos investigados y negó tanto la existencia de riesgo de fuga como las presiones "externas o directas" que pudiera haber, pues, en cuanto al riesgo de fuga, Guerrero "se haya enraizado profundamente en la ciudad de Sevilla y su entorno, y convive con su esposa y una hija de 10 años de edad, quien se encuentra escolarizada".

"Cualquier alejamiento de Sevilla de su hija le provocaría un trastorno emocional incompatible con que el padre siquiera se haga ese planteamiento", aseguró De Pablo, a lo que se suma que ha solicitado su reingreso como funcionario de la Administración Pública una vez fue suspendido temporalmente por estar imputado en estas diligencias. "Si se hubiere planteado sustraerse a la Justicia, no tendría mucho sentido solicitar su reingreso", apostilló.

"NULA" CAPACIDAD DE INFLUENCIA

Respecto a las supuestas presiones, el abogado argumentó que las presiones externas, "de existir, habrían podido producir sus efectos con anterioridad a su declaración en sede judicial, pero no ya en este momento", señalando que "es claro que no han existido tales presiones toda vez que el inculpado ha mencionado y nombrado en su declaración a cuantos han participado de una u otra forma en la manera de desarrollar su trabajo, con independencia del cargo o influencia que puedan tener".

En cuanto a las presiones que él pudiera ejercer, consideró que la prisión comunicada "no lograría su objetivo, dado que como bien se expone en el auto pudiera ejercerlas a través de terceros, si fuera su intención, que negamos", punto en el que hizo referencia a la "nula" capacidad de influencia que hoy tiene el propio Guerrero.