De este modo, el imputado, acompañado por su abogado, Manuel Pérez Cuajares, ha llegado al cuartel de Eritaña de la capital hispalense poco después de las 9,00 horas y, en su comparecencia ante los agentes de la UCO desplazados desde Madrid, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, tras lo que ha abandonado las dependencias del Instituto Armado pasadas las 9,30 horas, no sin antes negar los hechos que se le imputan hasta el momento.
En este sentido, su abogado ha informado a Europa Press de que su cliente se ha negado a declarar porque antes quiere tener un conocimiento "más completo y exhaustivo" de las actuaciones dada la "profusión" de documentación con la que cuenta la causa, superior a 16.000 páginas y que a día de hoy no ha podido estudiar con detenimiento, por lo que una vez alcance este nivel de conocimiento declarará ante la magistrada "cuando sea llamado".
En el auto donde la magistrada Mercedes Alaya imputaba a Rivera y a Márquez, argumentaba que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".
Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".
Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos verbales" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Así, precisa que Guerrero "mostró su disconformidad para la suscripción de una póliza para 24 extrabajadores" de la empresa, mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones "por las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la póliza de prejubilación", tras lo que dice que hay que tener en cuenta que, según el administrador de la empresa, "el despido de sus trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las instalaciones" a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
"PAGOS CRUZADOS"
Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero "ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados", de forma que ambos, "abusando del ejercicio de sus funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que injustamente se habría beneficiado" Río Grande.
Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, cuando le sustituyó Daniel Alberto Rivera, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó para la empresa".
Juan Márquez sustituyó al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a Francisco Javier Guerrero, quien permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado tras decretarlo así la juez Alaya, que estimó la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía Anticorrupción ante el riesgo de fuga existente y la gravedad de las penas que podrían corresponderle, superiores a 18 años de cárcel.
Anticorrupción considera a Guerrero "corresponsable" del dinero "dilapidado" y del que "dejó comprometido"
La Fiscalía Anticorrupción considera que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión después de que así lo decretara la juez de Sevilla que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, "es corresponsable no sólo del dinero dilapidado hasta su cese, sino también del que dejó comprometido", motivo que le llevó a pedir una fianza en concepto de responsabilidad civil de 933 millones de euros.
Durante la comparecencia para fijar las medidas cautelares celebrada el pasado viernes, el fiscal pidió el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del imputado, a quien la juez atribuye delitos continuados de prevaricación, cohecho, falsedad y malversación, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil, indicando el fiscal que el delito de malversación podría conllevar una pena de hasta 18 años de prisión.
Según el acta de esta comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señaló que el imputado "ha contestado a las muy numerosas y detalladas preguntas de la magistrada, optando por no contestar a ninguna de las preguntas que por la Fiscalía se le iban a hacer y que tenían como finalidades lógicas intentar determinar y concretar los hechos por los que se le imputan su participación en ellos, y su situación en el grupo de personas responsables del despilfarro continuado del dinero público".
A su juicio, "no ha dado razón plausible que justifique su actuación ni que le exima de ninguno de los hechos que le fueron imputados", de manera que "no sería ilógico pensar que opte por darse a la fuga, sustrayéndose a la acción de la justicia, una vez ha tenido conocimiento concreto de las responsabilidades que se le exigen y las penas de prisión con la que están castigados los hechos imputados".
"NATURAL AGRADECIMIENTO" DE LOS 'INTRUSOS'
En segundo lugar, pidió cárcel "para evitar que, si quedara en situación de libertad, pueda entorpecer el buen fin de la investigación, entorpecimiento que vendría dado no tanto por su capacidad de destrucción directa de fuentes de prueba, sino por la evidente capacidad de influencia en otros imputados y/o testigos que hayan de venir aún a declarar, influencia para su favor que se derivaría del natural agradecimiento que muchos beneficiarios de sus ayudas tienen hacia él".
Asimismo, pidió una fianza de 933 millones en concepto de responsabilidad civil, para lo que tomó como punto de partida el papel del imputado "en la trama creada por la dación indiscriminada de fondos públicos" y el hecho de que Guerrero "es corresponsable no sólo del dinero dilapidado hasta su cese, sino también del que dejó comprometido".
Los letrados de Junta, Manos Limpias, PP y UGT se adhirieron a la petición del fiscal, mientras que el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, negó el riesgo de fuga argumentando para ello que "la prensa, hace unos días, estaba exponiendo la pena a la que se podía exponer Guerrero, y no por ello ha eludido la comparecencia", en referencia a su declaración ante la juez, que se extendió por espacio de más de 20 horas, añadiendo además que la magistrada "leyó las imputaciones en el primer acto de los tres días que ha durado la declaración, de forma que si hubiera querido eludir la acción de la Justicia, ha tenido más de una ocasión".
COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Igualmente, criticó que el fiscal dijera que Guerrero "no está colaborando con la acción de la Justicia puesto que no ha contestado a sus preguntas", algo "chocante", pues además "mal favor se le hace a la Justicia si los que deben velar por ella contestan con un castigo porque se les conteste a ellos o no, conculcando un derecho que le corresponde a mi representado y olvidando que durante tres días ha estado contestando a las preguntas que se le han formulado".
A ello agregó que, "si no obstante lo expuesto se considerara que hay riesgo, la interposición de una fianza es en este caso lo mismo que enviarle directamente a prisión, dado que carece de medios", punto en el que señaló que, "teniendo en cuenta que mi representado hoy en día no es un ciudadano anónimo, consideramos que con la retirada del pasaporte sobra cualquier riesgo".
Asimismo, se opuso a la petición de 933 millones de euros en concepto de responsabilidad civil pedida por el fiscal, porque, "así como con anterioridad a otros imputados se le han impuesto, las circunstancias de los mismos eran distintas dado que se enfrentaban a unos hechos muy concretos", pero en el caso de Guerrero "la investigación es muchísimo más amplia y hay momentos procesales posteriores para fijarla".
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
De su lado, la mayoría de los abogados del resto de imputados se opusieron al ingreso en prisión de Guerrero, pues en el caso del letrado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández se alegó que "anticipar aquellas gravosísimas medidas en el orden personal en este momento incipiente de la instrucción, resultaría enteramente desproporcionado y alejado de las exigencias del principio constitucional del presunción de inocencia".
El abogado de Daniel Ponce y José María Sayago, Juan Carlos Alférez, negó la existencia de riesgo de fuga, puesto que Guerrero "ha comparecido voluntariamente en cuantas ocasiones ha sido llamado tanto por la Policía Nacional como por el Instituto Armado", a lo que se suma que "ha manifestado espontáneamente y sin ser preguntado al efecto que está dispuesto a comparecer cuantas veces sea convocado al efecto y que contará todo aquello que sabe del periodo en el que ejercitó su mandato".
De su lado, el abogado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas puso de manifiesto que los criterios expuestos por el Ministerio Publico "son de tal inconsistencia jurídica que solo razones extraprocesales pueden justificar la solicitud instada", aseverando que "si el marco temporal donde se ubicara esta comparecencia fuera otro, otra hubiera sido la petición de las acusaciones, muchas menos gravosas sin duda para la situación personal del imputado".
Por su parte, el abogado de la suegra de Guerrero se opuso a las peticiones de la Fiscalía argumentando para ello la "colaboración" mostrada por el imputado, mientras que el abogado del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, señaló que "no ha oído razón o circunstancia alguna que haya sido modificada en razón con lo que ha ocurrido en estos tres días, respecto a lo que ha acontecido durante un año en esta causa".
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