Así lo han expresado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el Pleno del Congreso en el que al presidente, Mariano Rajoy, le ha pedido UPyD que no deje escapar la oportunidad de abordar la reforma política que requiere el Estado.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer, entre otras cuestiones, fijar el objetivo de déficit en el 1,5 por ciento a las autonomías, dos décimas más de lo inicialmente previsto.
La propuesta contó con el único voto en contra de Andalucía y las abstenciones de Canarias y Cataluña.
Para la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, imponiendo este déficit el Gobierno sólo busca "mercantilizar" los servicios públicos y ha negado que el rechazo de Andalucía se deba a motivos electorales, como ha sostenido Montoro.
De hecho, Martínez Aguayo ha recordado que Andalucía votó a favor de otras propuestas como el objetivo estatal de déficit del 5,8 por ciento para este año.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha advertido de que Rajoy corre "un gran riesgo de hacer un ridículo enorme" en Europa por la dificultad de cumplir lo prometido.
"Es sorprendente que el Gobierno haya comenzado con este mal pie, cargándole el muerto a las autonomías, cuando todo el mundo sabe que este reparto interno es prácticamente inasumible", ha añadido.
También se ha pronunciado el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, quien ha asegurado que ayer Montoro tenía en la cabeza a Andalucía y sus elecciones cuando exigió a las autonomías que cumplan de manera estricta el objetivo del 1,5.
Javier González Ortiz, consejero canario de Economía, ha argumentado la abstención de su comunidad en que el objetivo fijado obliga a las islas "a firmar un cheque en blanco".
Para la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, "quizás" la pretensión del PP, al fijar ese déficit, sea dejar de prestar servicios públicos y privatizarlos, y ha precisado que las autonomías son las que menos pueden recortar.
Mientras que el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), ha advertido al Ejecutivo vasco de que "está ya en la cuenta atrás" y que, "cuanto antes se vaya, antes se podrán arreglar las cosas".
Desde Valencia, su alcaldesa, Rita Barberá, ha rechazado que haya despilfarro en el gasto de las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, aunque ha reconocido que, "a lo mejor, nos hemos pasado en ambición, pero no hay despilfarro".
Mientras, la oposición de esta comunidad ha asegurado que será imposible cumplir con el objetivo sin acometer "un dramático" recorte en las prestaciones públicas.
El consejero de Economía y Hacienda de Navarra, Álvaro Miranda, ha afirmado que el aumento del déficit es "un pequeño colchón para pasar" 2012 y ha admitido que, aunque habrá que revisar los datos del presupuesto, no sufrirá grandes alteraciones.
Para el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, el acuerdo sobre el déficit es "una buena noticia" porque demuestra que la comunidad va en el "buen camino" en su objetivo de reducir el déficit del 7,3 al 1,5 por ciento y ha comentado que permitirá un endeudamiento de 617 millones de euros para obtener liquidez y saldar deudas atrasadas con proveedores.
Su homólogo extremeño, Antonio Fernández, ha dicho que asume el compromiso, pero no ha adelantado cifras de ajuste presupuestario hasta que no conozcan los datos de ingresos procedentes del Estado, y no ha descartado la posibilidad de subir los impuestos.
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