El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha pedido "no dramatizar" el incumplimiento por parte de España del objetivo de déficit público en 2011 (que se ha situado en el 8,51% del PIB frente al 6% prometido a Bruselas), frente a la postura "estricta" adoptada por la Comisión Europea, y se ha mostrado dispuesto a discutir una flexibilización de la meta de déficit para este año.

"En primer lugar, el Gobierno español nos debe explicar en detalle los diferentes elementos que explican este desvío respecto al objetivo presupuestario de 2011", ha dicho Juncker en rueda de prensa tras comparecer ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara. "Examinaremos esta cuestión y veremos qué se puede hacer", ha agregado al ser preguntado si ve posible cambiar el objetivo del 4,4% en 2012.

"No estoy a favor de dramatizar este desvío español, pero ya he visto que otros han adoptado una actitud bastante estricta. Veremos", ha indicado.

En su intervención ante la Eurocámara, Juncker se ha declarado "satisfecho" por las reformas y ajustes realizados hasta ahora por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Van en la dirección de la consolidación, demuestran que el Gobierno español es firme a la hora de poner en marcha una auténtica política de consolidación y no veo cómo se puede criticar al Gobierno del señor Rajoy por haber hecho lo que ha hecho".

Sobre el desvío de 2,5 puntos en el déficit del año pasado (que fue del 8,5% en lugar del 6% prometido a Bruselas), Juncker ha dicho que espera en la reunión del Eurogrupo que se celebra este jueves las "explicaciones" del ministro de Economía, Luis de Guindos, para tener un "panorama más claro" de la situación.

El presidente del Eurogrupo ha resaltado que el Pacto de Estabilidad permite "considerar todos los factores importantes" a la hora de examinar el déficit. En este sentido, ha apuntado que el desvío de 2011 no se debe al Gobierno central sino "a los presupuestos regionales y a algunas dificultades de la seguridad social".

A su juicio, "el Gobierno español ya ha reaccionado" a esta problema y "se han establecido reglas que permitirán respetar en el futuro los objetivos presupuestarios nacionales y regionales". "Tenemos que abordar el caso español tal y como es", ha apuntado, sin dar más detalles.

Barroso pide que el presupuesto de 2012 se ajuste al Pacto de Estabilidad
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los presupuestos de 2012 para España se ajusten plenamente a las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obligan a corregir el déficit excesivo.

Barroso ha rechazado flexibilizar el objetivo de déficit para España en 2012 (que obligará a una reducción desde el 8,51% hasta el 4,4%) hasta conocer en detalle los motivos del desvío de 2011 y las cuentas públicas para el año que viene.

"La realidad sobre España es que todavía no tenemos un panorama completo de desvío presupuestario del año pasado, ni de las razones de este desvío. Esperamos tener esa información en marzo", ha explicado el presidente de la Comisión en rueda de prensa, en referencia al incumplimiento por 2,51 puntos del objetivo del 6% que se había pactado con la UE.

"Todavía estamos esperando que España presente su presupuesto para 2012, para este año, que el presidente Rajoy ha dicho que se presentará a finales de marzo", ha indicado.

"Sólo entonces, cuando recibamos la información concreta, podremos adoptar una posición sobre esas cuestiones", ha resaltado Barroso al ser preguntado por si está dispuesto a dar más tiempo a España para reducir el déficit o si por el contrario se plantea sancionar al nuevo Gobierno si el presupuesto no incluye medidas suficientes para llegar al 4,4%.

"En cualquier caso, confío que este presupuesto (de 2012) se ajuste plenamente a las reglas del Pacto de Estabilidad", ha concluido el presidente de la Comisión. El Pacto obliga a los países en déficit excesivo a adoptar las medidas necesarias para corregirlo y cumplir los objetivos pactados con la UE. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario puede proponer la imposición de multas de hasta el 0,2% del producto interior bruto, que se aprobarán salvo que haya una mayoría cualificada de Estados miembros que se oponga.