El total de préstamos alcanzó los 1,783 billones de euros en el último mes de 2011, una leve caída del 0,11% frente a noviembre
La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas escaló en diciembre de 2011 al 7,61%.
Esto supone un aumento de una décima respecto al nivel de noviembre (7,5%), y además significa un crecimiento de casi dos puntos porcentuales en relación al nivel en el que la tasa de impago concluyó 2010 (5,81%). Se mantiene así la cota en máximos desde noviembre de 1994, cuando marcó el 8,01%, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Los créditos morosos totales del sector se situaron en noviembre en 135.749 millones de euros, esto es más de 35.000 millones por encima de la barrera psicológica de los 100.000 millones que llegó a superar en mayo de 2010.
El total de préstamos alcanzó los 1,783 billones de euros en el último mes de 2011, una leve caída del 0,11% frente a noviembre, pero que se acentúa hasta el 3,3% si se compara con el mismo mes de un año antes.
La morosidad de las entidades de depósito, que incluye a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, alcanzó en noviembre el 7,66%, mientras que la correspondiente a los establecimientos financieros de crédito, que no pueden captar depósitos, se mantuvo en el 8,4%.
Para hacer frente a la creciente morosidad, el sector financiero español estableció sus provisiones en 76.285 millones de euros, colchón que se vio incrementado en 2.626 millones de euros en comparación con noviembre, y en 4.589 millones en relación al cierre de 2010.
Precisamente esta semana, el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, auguró que la morosidad de las entidades financieras españolas alcanzará su "cima" a finales de este año, ante las "dificultades" que se presentan para el sector en su conjunto.
La reforma financiera, convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados, eleva a 52.000 millones de euros las necesidades en provisiones y capital extra de las entidades para afrontar eventuales pérdidas derivadas de los activos inmobiliarios.
