Así, se ha referido a las declaraciones del exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo donde señalaba que "el Supremo es una casta de burócratas al servicio de la venganza". "No es una valoración de la resolución judicial. Me parece una descalificación, me parece un ataque personal a los integrantes de un poder judicial que creo que en este país ha dado muestras evidentes de ser imparcial e independiente", ha insistido.
En una entrevista a TVE recogida por Europa Press, Bravo ha asegurado entender el rechazo de la sociedad a la sentencia, pero ha calificado de "intolerable" que sean tachados de franquistas algunos miembros del jurado. "Que se les impute otras intenciones, que están al servicio de la venganza. Me parece inadmisible", ha indicado.
En este sentido, ha recordado que a Baltasar Garzón se le ha condenado por unanimidad "con todas las garantías como todos los ciudadanos". "Estamos realmente asistiendo a una gran dimensión en la respuesta a la resolución", ha explicado.
A pesar de no valorar la condena, la portavoz judicial ha reiterado que Garzón ha tenido un juicio "con todas las garantías" y con un tribunal "imparcial" que ha tomado la decisión "sin ningún tipo de ideología". "Se ha situado al TS ante una situación crítica que ha recibido todo tipo de acusaciones", ha avisado.
Al hilo de esto, ha recordado que ésta "no es la primera condena a un magistrado" aunque en esta ocasión el juez "no tiene parangón" a nivel nacional e internacional y por ello la mayor repercusión mediática.
PREOCUPADOS POR LA IMAGEN JUSTICIA DEL EXTERIOR
Por otra parte, ha defendido que la justicia española se encuentra a la cabeza de Europa en Justicia "garantistas", "digan lo que digan". Por ello, se ha mostrado preocupada por "la imagen que se traslada al exterior de la justicia española". "No está solo representada por los tres procedimientos a Garzón", ha explicado.
Al ser preguntada por otras resoluciones judiciales como el caso de Marta del Castillo, la portavoz ha asegurado que la Justicia "no puede ser administrada por el clamor popular". "Aún a sabiendas que repercueten --las sentencias-- negativamente en la imagen de la Justicia", ha manifestado.
En este sentido, ha afirmado que desde su "más absoluto respeto" hacia las víctimas no cree que estén "legitimadas para legislar" por lo que la "alarma social" no puede servir para modificar parámetros judiciales.
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