La receta electrónica permite grabar en las tarjetas sanitarias, dotadas con un chip, tratamientos crónicos de hasta un año de duración sin necesidad de acudir al facultativo en todo ese tiempo y ha reducido notablemente el uso de papel. Redunda también en la seguridad de los pacientes y en el control de las medicinas ya que los tratamientos individuales están totalmente informatizados y son accesibles para todo el sistema sanitario lo que evita duplicidades e incompatibilidades en los tratamientos.
Además ha permitido a la sanidad andaluza ahorrar desde entonces cerca de de 550 millones de euros al facilitar a los médicos la prescripción por principio activo mediante esta herramienta informática (528 millones) y quitar el papel (3,1 millones) y la mecanización (3,2 millones) de los tradicionales talonarios.
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