Estas personas denuncian la falta de información sufrida (Viva Sevilla avanzó que en Sevilla existen 15.000 afectados por las preferentes de Banca-Cívica) y, según señala el Defensor del Pueblo Andaluz, estos hechos “podrían ser considerados como un caso de abuso de poder” por lo que, teniendo en cuenta sus limitaciones competenciales, ha estimado conveniente “remitir este asunto al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales”, con objeto de realizar alguna actuación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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