Los familiares denuncian el trato recibido por parte de Unicaja, el incumplimiento del contrato en vigor y la ausencia de informes que justifiquen un estado de ruina que obligara a desalojar la residencia.La Obra Social de Unicaja comunicó el 8 de abril, a través de una circular firmada por su director Felipe Faraguna, que eran necesarias reformas en el edificio que no podían realizarse si estaba en uso y les informaba del cierre de actividad a fecha 31 de mayo, así como de las posibilidades de traslado y ubicación para los residentes en otras residencias de la Obra Social o cercanas concertadas, tal y como confirmaron fuentes de Unicaja a este periódico.
La mayoría de los usuarios fueron reubicados en otros centros -propios o no- antes del 1 de junio, fecha en la que Unicaja considera “cerrada” la residencia Marymar, según las fuentes, pero un grupo (ya sólo quedan cuatro ancianas) decidió no aceptar la ruptura unilateral del contrato, sólo extinguible si fallecía el usuario, por voluntad de éste o por traslado por permuta.
En este sentido, los familiares entienden que Unicaja debe acreditar la necesidad de las reformas con un informe técnico que incluya la duración y plazo de las obras, y la fecha prevista para el retorno de los usuarios, según la letrada que los representa, María del Río Bourman, que entiende que lo que pretenden es que acepten el traslado para anular los contratos.Sin embargo, hasta la presentación de esta demanda de desalojo el 21 de septiembre, Unicaja nunca ha presentado un informe técnico que explique la necesidad de esas obras ni ha ejecutado medidas de reformas que eviten riesgos a los residentes o trabajadores, a lo que se añade que fuentes de la propia Unicaja reconocen que ni siquiera se sabe qué se hará en el futuro con el edificio.
Los familiares de las cuatro residentes que aún permanecen en el centro critican la actitud de la Obra Social -señalando directamente a su director, Felipe Faraguna- con estas ancianas, que desde que Unicaja decidió que estaba cerrada -a pesar de seguir atendiendo a las usuarias- han dejado de disfrutar de gran parte de los servicios (lavandería, monitor de tiempo libre, gimnasia...) y se les prohíbe recibir visitas (las acercan a la reja del salón para atenderlas) excepto las de familiares directos.
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