La nueva sentencia fue apoyada por 15 de los 17 jueces de la Gran Sala del Tribunal; el juez suizo, Giorgo Malinverni, y la búlgara, Zdravka Kalaydjieva, votaron en contra.
El texto señala que al mantener los crucifijos en las aulas “las autoridades han actuado dentro del margen de apreciación” en el marco de su obligación de respetar el derecho de los padres a asegurar la educación de
acuerdo a sus convicciones religiosas.
“Un crucifijo colgado de una pared es un símbolo esencialmente pasivo, cuya influencia sobre los alumnos no puede ser comparada a un discurso didáctico o a la participación en actividades religiosas”.
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