Desde Quito, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha asegurado también que España no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, aunque constata, "como el resto de países", que sí controla ese territorio.
Tanto Jiménez como Jáuregui han asegurado además que España nunca tuvo conocimiento de que Marruecos iba a desmantelar por la fuerza el campamento saharaui de Gdaim Izik, tal como publica El País en una información en la que asegura que el ministro marroquí de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, se lo anunció la semana pasada a la jefa de la diplomacia española.
"Es radicalmente falso; lo desmiento con rotundidad", ha manifestado Jiménez, mientras Jáuregui subrayaba que el Ejecutivo "ha conseguido" que los hechos de El Aaiún "sean debidamente investigados".
El ministro se pronunciaba así ante una pregunta del diputado del PNV Aitor Esteban, quien ha criticado la reacción del Gobierno a lo sucedido en el campamento de El Aaiún y ha afirmado que España tiene "responsabilidad" y "mucho que decir" sobre el Sáhara Occidental, porque "sigue siendo potencia administradora".
En cambio, el Ejecutivo recuerda, a través de Jaúregui, que este contencioso está pendiente de una solución política bajo los auspicios de Naciones Unidas y que Marruecos tiene "capacidad" para administrar ese territorio.
Un informe de 2002 de Naciones Unidas señala que, en el Acuerdo de Madrid (1975), España no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, "condición que España, por sí sola no podía haber transferido unilateralmente".
Marruecos, prosigue el documento, no figura como potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, pero el informe recuerda que este país ha administrado desde 1979 el territorio del Sahara Occidente por sí solo.
Más tarde, ante los reproches de la diputada de ICV Núria Bonaventura, Jáuregui ha precisado que las gestiones del Gobierno en este conflicto abogan por la investigación de los hechos con total transparencia sin buscar la condena de los mismos, pues "no se trata de una carrera para ver quién condena más rápido".
Bonaventura ha reclamado a Jáuregui que el Sahara no sea "moneda de cambio" en otros acuerdos que hayan firmado o puedan suscribir las autoridades españoles y marroquíes, mientras proclamaba su "vergüenza" por el papel del Gobierno desde que estalló la crisis y le instaba a que no se quede "de brazos cruzados", sobre todo por la responsabilidad histórica que España tiene en su ex colonia.
En todo caso, el ministro ha negado haber reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental cuando ha dicho que "la admisión en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país".
"Yo no he hecho ningún reconocimiento de soberanía de Marruecos sobre un contencioso que está pendiente históricamente" de una solución política "bajo los auspicios de Naciones Unidas", ha afirmado Jáuregui, antes de aclarar: "Simplemente he querido decir que en la actualidad es Marruecos el que determina, por su capacidad de administrar ese territorio, quién entra y quién no entra".
Ante este conjunto de precisiones, el coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, ha exigido al Gobierno un comunicado oficial sobre su posición en el Sáhara y ha subrayado que quiere una "rectificación en toda regla", porque no le valen las "matizaciones" de Jáuregui.
Moragas ha asegurado que "legalmente, y aunque al Gobierno le parezca mentira, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara y así lo dicen Naciones Unidas y la legalidad internacional".
Tras los enfrentamientos, Marruecos ha reconocido oficialmente once víctimas mortales, diez de las cuales son efectivos de sus cuerpos de seguridad y uno es un civil saharaui, mientras que el Frente Polisario asegura que los saharauis fallecidos son al menos 19 y cifra en 723 los heridos.
Fuentes saharauis han denunciado también que las fuerzas marroquies están procediendo a la detención, casa por casa, de los que consideran activistas vinculados a los disturbios, en su mayoría jóvenes.
Por otra parte, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en Zafra (Badajoz), ha mostrado su apoyo a los abogados y periodistas que asistieron el pasado viernes en Casablanca a un juicio contra siete activistas saharauis, en el que dos reporteros españoles fueron agredidos.
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