El asunto será discutido en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra el jueves y el viernes en Bruselas, dando continuidad a la declaración efectuada en su favor por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy la pasada semana.
En principio, los líderes comunitarios estudiarán la posibilidad de una "reforma limitada" pues, según la Presidencia belga, "nadie quiere abrir los Tratados para un cambio fundamental que no esté en relación con el objetivo de "dar un anclaje jurídico" a las propuestas de supervisión económica.
La modificación del texto responde a la voluntad, principalmente alemana, de hacer permanente el fondo de estabilización temporal creado este año para socorrer a países en apuros económicos.
Berlín teme que si no se modifica el Tratado la disposición pueda ser vetada por su Tribunal Constitucional.
Sin embargo, las formas de Alemania y Francia no han gustado a algunos países, que sienten que el eje franco-alemán dicta las políticas al resto de socios, según han hecho ver hoy en el Consejo de Ministros de Exteriores.
Según el titular luxemburgués, Jean Asselborn, el movimiento de Sarkozy y Merkel instando a reabrir el Tratado ha dejado un "sentimiento muy malo" al resto de Estados miembros.
Para Asselborn, la reforma crea el riesgo de un nuevo estancamiento en asuntos institucionales, después de una "década" de negociaciones para lograr el Tratado de Lisboa.
El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, reconoció que "hay algunos Estados miembros para los que un cambio complejo de los tratados supone riesgos y puede traer muchos problemas".
Insistió, sin embargo, en que sin una modificación de las reglas, Alemania no podrá apoyar el mecanismo de rescate del euro más allá de 2013 y recordó que su país y Francia aportan "más del cincuenta por ciento" de los 750.000 millones de euros del fondo de estabilización.
Según las declaraciones efectuadas hoy por varios ministros, la vía más factible es la de una reforma a través del procedimiento simplificado previsto en el propio Tratado de Lisboa, que evitaría la convocatoria de una nueva Convención.
Así se desprende de las palabras, por ejemplo, de la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, quien se pronunció en contra de "un procedimiento complejo de revisión de tratados".
Según Jiménez, "la mayoría" de los países creen que abrir un nuevo debate institucional ahora, cuando no se cumple ni un año de la entrada en vigor de Lisboa, "no es lo más recomendable".
Para la ministra española la "posición intermedia" de un procedimiento simplificado, planteada anoche a los ministros por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, es la que podría estudiarse.
En la misma línea, el responsable irlandés de Asuntos Europeos, Dick Roche, señaló que "hay una abrumadora mayoría en contra de cambios profundos al Tratado", pero explicó que su país -que pasó por muchas dificultades para ratificar el Tratado de Lisboa- está abierto a "explorar otras vías".
Por su parte, el Reino Unido entiende "la necesidad de ayudar a estabilizar la eurozona", pero en ningún caso apoyará "ninguna transferencia de poder del parlamento británico a la UE", señaló su ministro de Exteriores, William Hague.
Francia, por su parte, se mostró hoy convencida de que el Tratado será modificado, pues de ello depende el "futuro" del euro.
El secretario de Estado francés para los Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, subrayó que "Francia y Alemania están unidas en favor de la zona euro, que sólo sobrevivirá si hay reglas más claras y un sistema de estabilización permanente".
"No son grandes contra pequeños ni pequeños contra grandes. No hay voluntad de imponer nada", dijo Lellouche en respuesta a las críticas.
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