La información la entregó hoy el abogado Edgardo Reinoso, quien dijo que “(los mineros) tomaron la decisión de ejercer acciones no solamente en contra de la Empresa San Esteban, dueña de la veta, sino contra algunas entidades con responsabilidad de derecho público”.
“Entre ellos, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo”, precisó Reinoso.
El abogado explicó que la iniciativa de los 33 de Atacama -como se conoce ahora al grupo de mineros rescatados la semana pasada tras permanecer 70 días en un socavón a 700 metros de profundidad- se basa fundamentalmente en las declaraciones de la ministra del Trabajo, Camila Merino, quien señaló que el Gobierno tenía antecedentes “de que la mina no debería haber estado abierta”.
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