La Abogacía del Estado ha concluido que la ministra de Justicia, Pilar Llop, no tiene forma legal de no elevar al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según consta en un informe solicitado por la propia Llop.
Fuentes consultadas por Europa Press indican que la ministra encargó a los Servicios Jurídicos del Estado que emitieran un informe para determinar si Justicia tiene algún poder de decisión sobre la propuesta de nombramiento realizada la semana pasada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Las mismas fuentes avanzan que la Abogacía del Estado ha descartado tal posibilidad, estableciendo que Llop tiene la obligación legal de trasladar la elección de Delgado al conjunto del Gobierno, algo que se espera que haga en el Consejo de Ministros previsto para este martes.
Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó adjudicar a Delgado la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la ex fiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
El lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.
AF Y APIF APUNTAN A UNA POSIBLE NULIDAD
Concretamente, la AF se dirigió a Llop en una carta para instarla a no dar traslado de dicha propuesta al Consejo de Ministros. AF y APIF argumentaron que, dado que sus 7 vocales decidieron no participar en la deliberación y votación sobre el citado puesto, García Ortiz no escuchó al Pleno --trámite preceptivo--, lo que impide que la elección de Delgado sea válida.
Además, ambas asociaciones advirtieron de que, si el Gobierno sigue adelante con la designación de Delgado, puede acabar recurrida en los tribunales. De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha recurrido ante el Supremo el ascenso de la ex fiscal general del Estado como fiscal de sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.
Delgado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado el pasado 22 de septiembre donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar. Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público ascendió a la máxima categoría: fiscal de sala.
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