Las elecciones municipales propiciarán la renovación de las Diputaciones provinciales, unas entidades siempre polémicas a la espera de una reforma que no acaba de cuajar y cuyos miembros no se eligen en esta convocatoria, sino después, por los partidos políticos, en función del número de concejales obtenidos.
Hay quien aboga por la elección directa de los diputados provinciales, mediante una tercera urna que podría acompañar a las destinadas a elegir concejales y parlamentarios autonómicos, al verlo una oportunidad para mejorar su funcionamiento, su credibilidad ante los ciudadanos y también su transparencia.
Porque la opacidad en la gestión de una ingente cantidad de fondos públicos, el clientelismo y los manejos de las fuerzas políticas en las 41 diputaciones que hay en España son algunos de los problemas recurrentes que surgen siempre que se aborda su situación, bien sea ante responsables políticos, expertos o académicos.
Los presupuestos de las diputaciones superan los 25.000 millones de euros, si bien una buena parte se la llevan las tres de régimen foral (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), hasta 17.353 millones, mientras que las de régimen común suman 8.148 millones.
Con un funcionamiento distinto, elección directa de miembros y atribuciones específicas, los Consells insulares de Baleares suman presupuestos por valor de otros 750 millones de euros, y los Cabildos insulares de las Islas Canarias, 2.132 millones.
LAS DIPUTACIONES MANEJAN MÁS DE 25.000 MILLONES ANUALES
De este modo, los 25.505 millones manejados al año, según datos de 2022 del Ministerio de Hacienda, por las 41 diputaciones (38 del régimen común y tres forales) suponen una enorme cantidad de fondos cuyo destino, en última instancia, son los municipios a los que deben asistir, sobre todo los más pequeños.
Ello exige un amplio funcionariado (solo las del régimen común dedican a gastos personal 2.195 millones anuales) y un gran despliegue financiero guiado más por criterios más políticos que de gestión, todo al amparo de una normativa con muchas lagunas y obsoleta en diversos aspectos.
De modo que tras los carteles que aparecen periódicamente en muchos pueblos de España publicitando tal o cual carretera, infraestructura o servicio público financiado por la correspondiente diputación está un complejo conglomerado institucional que tiene sus orígenes nada menos que en la Constitución de Cádiz de 1812.
La recogida de basuras, la depuración y suministro de aguas, la reparación de caminos y carreteras o los servicios de extinción de incendios, entre muchos otros, no serían posible sin sus aportaciones, sobre todo para los municipios de menor población, presupuesto y recursos públicos.
UNAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCIÓN
Reconocidas por la Constitución en su artículo 141.2 y con la Ley de Bases de Régimen Local como norma principal reguladora de sus funciones, han resistido hasta hoy día pese a que su funcionamiento, e incluso su existencia, son periódicamente cuestionados.
"Son instituciones antiguas, cuya función ha ido variando con el tiempo, pero a diferencia de lo que ocurre con los municipios y las comunidades autónomas, nunca han tenido un papel totalmente claro y justificado”, advierte el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, Miguel Sánchez Morón.
La elección de sus miembros por los partidos, siempre a expensas de sus "manejos internos" y la "opacidad" del sistema son problemas que destaca este estudioso, quien añade la alta "discrecionalidad" con que gestionan los abundantes recursos a su disposición.
"No prestan servicios. Reparten dinero", resume en una entrevista con EFE.
La Constitución dice en su artículo 141 2 "El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo", un precepto que complica los planes que para suprimirlas tuvieron en otros tiempos partidos como la extinta UPyD o Ciudadanos, que en 2016 logró incluirlo en su frustrado pacto de investidura con el PSOE
Ahora la tendencia política apunta más bien a reformarlas, pero ello no aparece como una prioridad en los programas electorales y las propuestas son más bien genéricas, alusivas a la necesidad objetiva de mejorar su gestión y avanzar en transparencia.
LOS DIPUTADOS RECHAZAN QUE SEAN OPACAS
El vicepresidente de la Diputación de Zamora José María Barrios, también senador del PP, rechaza de plano los reproches globales sobre la "opacidad" de estas instituciones y por su larga experiencia concluye que actúan "igual que hacen los ayuntamientos o los gobiernos autonómicos, que establecen sus prioridades”.
Barrios es firme partidario de las diputaciones y, en declaraciones a EFE, se muestra rotundo: "Son útiles y si no hubiera diputaciones habría que inventarlas”.
Y aunque destaca la modernización que han acometido en los últimos 20 años, admite que quedan cosas por mejorar. En su opinión, la implantación de la "tercera urna" para que los ciudadanos puedan elegir directamente a los diputados provinciales esuna buena idea porque les concedería mayor legitimación.
La financiación, dependiente primordialmente de los Presupuestos Generales del Estado, es otro asuntos que a juicio de este senador debería mejorarse para lograr que lleguen más recursos las provincias más despobladas.
LOS PROBLEMAS DE LA "TERCERA URNA"
En la necesidad de implantar el voto directo de los diputados provinciales coincide otra senadora, la socialista Elena Diego, miembro de la Diputación de Salamanca en dos legislaturas y defensora contundente del municipalismo, pero ella advierte de los problemas técnicos que supondría implantar esa llamada "tercera urna".
Por lo pronto, habría que reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y determinar de qué modo se eligen los diputados correspondientes a cada zona, cuando ahora la norma los vincula a cada partido judicial.
Eso sí, admite que con el método vigente los partidos hacen de su capa un sayo porque nada les obliga a determinar cómo se designan los diputados que les corresponden; aquí cuenta mucho el que el candidato esté bien "situado" ante la dirección de su formación.
Ni siquiera es obligatorio que haya paridad entre sus miembros, así que la presencia femenina, que según su percepción además está perdiendo mucha fuerza en los ayuntamientos frente al empuje de hace años, es menor que la masculina y no hay mecanismos legales que permitan corregirla.
Elena Diego piensa que las diputaciones pueden hacer mucho más para ganar eficiencia, impulsar los municipios y fomentar un empleo rural estable para que vayan "más allá de trasladar dinero a los pueblos para obras”. Aboga por una reestructuración de competencias y cambios en la financiación "de abajo arriba", atendiendo primero a los municipios.
No obstante, ella tiene claro que con la normativa actual todavía se pueden hacer muchas cosas, y pone como ejemplo la excelente labor que a su juicio ejercen las diputaciones de Barcelona y Pontevedra gracias a un impulso político que echa en falta en otros lugares.
LA TRANSPARENCIA, ASIGNATURA PENDIENTE
El catedrático Sánchez Morón resume los aspectos en los que debería centrarse esa reforma: "Mejorar la transparencia, la representatividad de sus miembros y la planificación de sus funciones para que no haya tanto grado de discrecionalidad".
Detrás están los 66.676 empleados públicos de diputaciones, cabildos y consells contabilizados por el Ministerio de Hacienda.
En cuanto a los diputados provinciales, los que tienen las mayores retribuciones pertenecen a las diputaciones forales. Los de la Diputación Foral de Vizcaya recibían 97.169 euros anuales si tenían dedicación exclusiva, seguidos de los de Álava, con 96.683 euros Para los de la Diputación de Barcelona ascendían a 95.779 euros.
Por contra, los salarios más bajos corresponden a los diputados de Castellón, Granada, Salamanca, Ávila y Huesca, unos 43.000 euros. Por debajo están los miembros de los cabildos insulares, que cobran entre 1.400 y 1.900 euros anuales.
Y se mira a los presidentes, el de la Diputación Foral de Vizcaya, Unai Rementeria, es el que mayor contribución recibe, 112.250 euros en 2021. También superan los 100.000 euros anuales la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (106.916 euros), y el de Álava, Ramiro González (101.392)
No hay muchas encuestas sobre la percepción que los ciudadanos tienen de estas veteranas instituciones, pero en mayo de 2012 un sondeo de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, revelaba que un 60,5 por ciento de los españoles era partidario de suprimirlas.
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