En un comunicado, los Ruiz-Mateos indicaron que, con independencia de la ejecución de estas sentencias, prosiguen las demandas de retasación "iniciadas en su día", en las que la familia reclama 18.000 millones de euros.
"Todo ello no tendría coste alguno para el erario público, ya que la solución vendría acompañada por una propuesta de un banco extranjero que además permitiría una inyección muy importante de liquidez en el sistema", aseguraron.
La familia Ruiz-Mateos agregó que, dada la "delicada" situación económica, está dispuesta a "prestar al Estado la cuantía que recibiera como indemnización por la expropiación, dirigida de una forma especial a los trabajadores, para fomentar la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, lo que ha sido una constante desde la fundación de Rumasa".
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