La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la nueva ordenación judicial en violencia de género impulsada por el Gobierno ha fracasado "por falta de medios" lo que da lugar a esperas que provocan, en ocasiones, que las víctimas decidan marcharse o dar marcha atrás en su declaración.
Según el sindicato, las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales --que hasta el momento se han llevado a cabo en Comunidad Valenciana, Algeciras, Cáceres y Toledo-- han deteriorado la atención a las víctimas, fundamentalmente por falta de medios personales y materiales.
Según el CSIF, las experiencias sobre este nuevo modelo de organización --en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos judiciales-- han generado "una situación de colapso, con el retraso de las diligencias, largas horas de espera de las víctimas o menores para prestar declaración y problemas de coordinación".
El sindicato añade que, cuando el Gobierno aprobó este proyecto, aseguró que la comarcalización de juzgados iba a potenciar la especialización y garantizar los mismos recursos a las mujeres vivan donde vivan. Sin embargo, CSIF menciona el caso de Algeciras (Cádiz), donde antes existían tres jueces con competencia frente a uno que hay en estos momentos, así como tres plantillas con un total de 28 funcionarios frente a los 13 actuales.
Estos cambios ralentizan las resoluciones, las declaraciones, las testificales y el seguimiento de la instrucción lo que provoca el "descontrol en la agenda de señalamientos", añade el sindicato, que precisa que, cuando existe una agresión, la primera declaración de la víctima suele tomarse en el Juzgado de Guardia, por lo que esta primera declaración la toma un Juez supuestamente no especializado.
Asimismo, lamenta que la coordinación entre cuerpos de seguridad, hospitales o clínicas y el Juzgado Comarcal se dificulta ya que, en muchas ocasiones, el detenido llega antes al Juzgado para prestar declaración que las diligencias previas o las denuncias o atestados.
Además, afirma que, con la agrupación judicial, las relaciones son más impersonales que antes, cuando en los órganos judiciales había una colaboración y conocimiento de las áreas de las fuerzas de seguridad especializadas en estos delitos y una estrecha relación entre profesionales de los diferentes ámbitos: policía local, nacional, guardia civil, servicios de guardia hospitalarios y los juzgados de guardia.
Por todo ello, desde CSIF reclaman al Gobierno que revise este proyecto de "comarcalización", que destine los medios adecuados, que se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio y que evite jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas.
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