La sentencia del Tribunal se produjo por un caso planteado por dos ciudadanos británicos contra el Reino Unido, el único país del Consejo de Europa que conservar las huellas digitales y el ADN de cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito.
El Tribunal subraya que en la norma británica es “particularmente preocupante el riesgo de estigmatización” de las personas no culpables, que “tienen derecho a beneficiarse de la presunción de inocencia” y que en la práctica “son tratados igual que los condenados”.
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