El expresidente de Òmnium Jordi Cuixart rechaza la revisión de su sentencia por el 1-O por parte del Tribunal Supremo al considerar que no "repara" derechos fundamentales que le fueron "vulnerados" como los de la libertad de expresión o de reunión, y mantiene su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
En un escrito de cinco páginas presentado este martes ante el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, Cuixart rechaza que se le revise la sentencia del "juicio a la democracia" por la que fue condenado a 9 años de prisión por el delito de sedición, puesto que "no reconoce, ni repara, ni establece garantías de no repetición de la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado" hacia su persona.
Para el exdirigente de Òmnium, el procedimiento judicial contra los líderes del "procés" supuso, dice el escrito, una "vulneración gravísima" de derechos fundamentales de "reunión, libertad de expresión y libertad ideológica" en defensa del derecho de autodeterminación, que una revisión de la condena "no repara".
El escrito dirigido al alto tribunal sostiene, en cambio, que todas sus actuaciones juzgadas "se encuentran amparadas en el ejercicio legítimo" de sus derechos civiles y políticos y que, en ningún caso, aquellas "encajaban" en el delito de sedición, que ahora ha sido derogado con la reciente reforma del Código Penal.
La derogación del delito de sedición "no implica en modo alguno un reconocimiento de que el encarcelamiento y la sucesiva condena" supusieron que "se vulneraron" los derechos de Cuixart a un "tribunal imparcial e independiente".
En este sentido, argumenta que el tribunal que debe revisar las sentencias es el mismo Supremo que ya lo juzgó, y que para Cuixart adolece de una "falta de jurisdicción" y de "imparcialidad".
Por tanto, concluye el escrito, una revisión de la condena por parte de este mismo Tribunal Supremo supone "perpetuar las vulneraciones".
Por todos estos razonamientos, el exdirigiente de esta entidad decide mantener su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el objetivo de que "se reconozca y se condene la vulneración de derechos por parte del Estado.
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