El Gobierno considera que las explicaciones de la Junta de Castilla y León al asegurar que no hay ningún nuevo protocolo sobre el tratamiento de las mujeres que desean abortar supone una "rectificación oficial" de su intención inicial aunque advierte que seguirá vigilante por si finalmente actúa al margen del actual marco normativo y se reserva posibles acciones judiciales.
"A la vista de que el gobierno de la Junta de Castilla y León declara en su escrito que 'no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno' y que 'tampoco nada se ha transmitido posteriormente a los profesionales del sistema público sanitario de la Comunidad de Castilla y León al respecto, ni por escrito ni verbalmente', el Gobierno considera que el ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado", remarca el Ejecutivo.
No obstante, trasladará al ejecutivo autonómico que, si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido, materializa, por cualquier vía, su intención de actuar al margen del actual marco normativo, el Gobierno de España actuará, como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas.
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