La Junta de Castilla y León ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
"Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", ha argumentado la Junta de Castilla y León después de conocerse que el Gobierno ha requerido oficialmente a la Consejería de Sanidad que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
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