La Comisión Europea ha dado su visto bueno al plan presupuestario presentado por el Gobierno español para el ejercicio 2023 al considerar que sigue la recomendación de prudencia en el gasto corriente mientras siguen suspendidas las reglas fiscales comunes que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%, pero advierte de la necesidad de centrar las medidas energéticas en los hogares vulnerables.
Esta recomendación instaba a Bélgica, Francia, Grecia, España y Portugal a garantizar una política fiscal prudente limitando el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial de la producción a medio plazo, una sugerencia que los cinco países han seguido.
No obstante, aunque España desplegó medidas energéticas como parte de la respuesta política de emergencia a las subidas excepcionales de los precios de la energía, una prolongación de las mismas o la introducción de otras nuevas puede contribuir a un mayor crecimiento del gasto corriente neto financiado por el Estado y, en consecuencia, a un aumento del el déficit y la deuda públicos previstos para 2023.
Por ello, la Comisión insta a los gobiernos a centran mejor estas medidas en los hogares más vulnerables y en las empresas expuestas, para preservar los incentivos a la reducción de la demanda de energía, y para ser retiradas cuando las presiones de los precios de la energía disminuyan.
La relación entre la deuda pública y el PIB es muy elevada y el déficit fiscal es considerable, a pesar de una ligera mejora, mientras que la tasa de desempleo, aunque sigue siendo alta, ya está por debajo de los niveles anteriores a la crisis y se espera que se mantenga estable el próximo año.
Bruselas ha constatado que la economía española siguió expandiéndose en 2022 a pesar de las crecientes perturbaciones provocadas por la agresión de Rusia a Ucrania, pero se espera una rápida desaceleración en 2023 en medio de una elevada incertidumbre con riesgos inclinados a la baja.
Según la Comisión, el saldo de las administraciones públicas en 2022 ha mejorado gracias a los buenos resultados de los ingresos, pero el elevado déficit subyacente y el alto nivel de elevado nivel de deuda siguen siendo una fuente de vulnerabilidad.
Mientras, el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que los posibles efectos de los precipicios tras la expiración de las medidas de apoyo público desplegadas durante el período de la pandemia no se han materializado, pero Bruselas indica que los efectos secundarios derivados del aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés justifican una estrecha vigilancia.
Es por ello que el Informe del Mecanismo de Alerta de este año concluye que están justificadas las revisiones en profundidad tanto de España como de otros nueve Estados miembro que fueron objeto de un examen exhaustivo en el anterior ciclo anual de vigilancia del procedimiento de desequilibrio macroeconómico, así como Chequia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania Luxemburgo y Eslovaquia, que no fueron objeto de una revisión en profundidad en 2021-2022.
Por otro lado, los informes de supervisión posteriores al programa para, Chipre, España, Grecia, Irlanda y Portugal concluyen que los cinco Estados miembro conservan la capacidad de reembolso de su deuda.
Además, la recomendación pide a los países de la eurozona que tomen medidas individualizadas incluyendo la aplicación de sus Planes de Recuperación y Resiliencia, y también colectivas en el marco del Eurogrupo, en el período 2023-2024, para garantizar una política fiscal común y coordinada, mantener la inversión pública, supervisar las políticas salariales y sociales, mejorar el entorno empresarial y preservar la estabilidad macrofinanciera.
La Comisión Europea presentará su propuesta de recomendación sobre la zona del euro en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) del 6 de diciembre. Se espera que la propuesta sea debatida por el Eurogrupo el próximo mes de enero, que el Consejo la apruebe en marzo de 2023 y, más adelante, la adopción formal por parte del Ecofin.
Los Estados miembro deberán tomar medidas basadas en la recomendación tanto a nivel individual como colectivo dentro del Eurogrupo para aplicar la recomendación de la zona del euro en el período 2023-2024.
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