La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha acusado este miércoles a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ignorarles en la redacción del futuro Estatuto del Becario, un texto que creen no mejora la calidad formativa de las prácticas ni da soluciones viables a los problemas.
En un comunicado enviado hoy miércoles, la CREUP afirma que el Ministerio de Trabajo no ha tenido en cuenta sus reclamaciones para lograr unas "prácticas remuneradas y de calidad", y exige otra redacción.
El texto, negociado en la Mesa de Diálogo Social sin contar con la comunidad universitaria, suprime "las prácticas extracurriculares para eliminar el fraude laboral, sin embargo, este cambio supondrá un perjuicio directo al estudiantado, que no podrá realizar sus prácticas si no es mediante un contrato de formación, gestionado por su cuenta en vez de por la Universidad, como actualmente sucede".
Además, el Estatuto plantea una moratoria de 3 años para reformar los grados que no tengan prácticas curriculares en sus planes de estudios, "lo cual no garantizará al estudiantado que pueda acceder a una formación práctica, debido a la negativa de las Universidades a reformar los planes de estudios y la escasez de oferta de prácticas dignas y de calidad".
La Coordinadora sostiene, además, que la remuneración de las prácticas es una de las principales políticas para eliminar el fraude, así como para dignificar la actividad formativa del estudiantado y permitir la permanencia de aquellas personas con menor capacidad económica en sus estudios.
“Este texto no afronta las deficiencias en la calidad formativa de las prácticas, elimina las extracurriculares como una de las vías fundamentales de formación profesional del estudiantado y no establece una remuneración justa ni suficiente que sirva como mecanismo de protección de las personas con peor situación socioeconómica”, concluye el presidente de CREUP, Nicolás Hernández.
Ayer, la Conferencia de Rectores expresó también su rechazo al Estatuto del Becario porque creen que perjudicará a la formación de los estudiantes y reducirá de modo "significativo" la oferta de prácticas de la que ahora disponen.
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