La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha acudido al acto de conciliación en el que podía retractarse de llamar maltratador al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre condenada por secuestrar a su hijo e indultada por el Gobierno, de manera que la demanda anunciada contra ella seguirá adelante.
La letrada del denunciante ha explicado a Efe que el letrado de Montero ha comunicado al Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, en el que estaba citada para el acto de conciliación previo a la demanda, que no acudirían, rechazando así retractarse de las palabras que dijo tras conocer el indulto parcial a María Sevilla.
Así, esta abogada interpondrá la demanda en breve, mientras espera que otros dos juzgados de lo civil citen para el mismo trámite a la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, y la periodista Ana Pardo de Vera.
Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, anunció que demandaría a Montero y Rodríguez Pam por un delito contra el honor y que denunciaría a Pardo de Vera por injurias y calumnias, debido a las declaraciones que hicieron el pasado mes de mayo tras conocerse el indulto parcial a su exmujer.
A la ministra de Igualdad le reclama 85.000 euros y a Rodríguez Pam 65.000, y que rectifiquen sus declaraciones, y a la periodista 10.000 euros, ha precisado a Efe la defensa de Rafael Marcos.
La causa contra las dos políticas se seguirá por la vía civil mientas que la de la periodista se seguirá por lo penal, debido al tipo de delito relatado. En los tres casos se ofrece primero una posible conciliación, cada una en un juzgado diferente.
Según el denunciante, la ministra de Igualdad hizo la declaraciones que afectan a su honor el pasado 25 de mayo, tras conocerse que el Gobierno indultaba parcialmente a María Sevilla, condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel y la pérdida de la patria potestad de su hijo por un delito de sustracción de menores de ese niño, al que no permitía acercarse a su padre a pesar de las resoluciones judiciales en ese sentido.
El Ejecutivo rebajó la pena de cárcel a dos años, de manera que Sevilla no tenía que permanecer en prisión, y conmutó la retirada de la patria potestad, decretada por cuatro años, por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
La ministra de Igualdad llamó a Marcos "maltratador", al igual que lo hizo Ángela Rodríguez Pam, según el denunciante, que en el caso de Ana Pardo de Vera relata que incurrió en injurias y calumnias al asegurar que Rafael Marcos había abusado del menor y estaba condenado por ello.
La letrada del denunciante, Ruth Arroyo, ha anunciado al salir del juzgado que mañana presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una petición de medidas cautelares para que se deje en suspenso la parte del indulto que permitiría a María Sevilla recuperar la patria potestad de su hijo si hace trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta defensa, junto al despacho Durán y Durán, quiere que se tome esa medida mientras que se resuelve el recurso que ha interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el indulto parcial concedido por el Gobierno a María Sevilla.
A la puerta de los juzgados se ha concentrado una veintena de integrantes de la Asociación Nacional de Ayuda a la Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), que han expresado su apoyo a Rafael Marcos al considerar "intolerable en un Estado democrático que una persona, valiéndose de su cago público y conociendo la legislación, se permita el lujo de humillar e insultar tras un proceso judicial que ha conllevado maltrato a Rafa y a su hijo", en palabras de su vicepresidente.
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