Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco son las comunidades donde el riesgo de pobreza aumentaría en miles de personas, 650.000 en esos territorios, si se tuviese en cuenta el coste real de la vida, más elevado que en el resto de España.

Así lo asegura el estudio “Coste de la vida y riesgo de pobreza en las Comunidades Autónomas, áreas metropolitanas y ciudades españolas”, elaborado en 2021 y que analiza, por primera vez con los últimos datos disponibles del año 2018, el impacto del diferente coste de la vida en la renta y también en el riesgo de pobreza de las comunidades de España, una información que no está disponible en la estadística oficial.

Los investigadores Àlex Costa, del Ayuntamiento de Barcelona; Vittorio Galleto, del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona; Jaume García, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (UPF); Josep Lluís Raymond, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y Daniel Sánchez-Serra, de la OCDE, han participado en la elaboración del estudio.

La investigación indica que los precios de las ciudades más importantes de España son superiores a las de su área urbana y, a su vez, los precios de las áreas urbanas son superiores a los de la comunidad autónoma a la que pertenece, lo que repercute en un aumento del número de personas en riesgo de pobreza y también en la renta familiar.

Cataluña, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco perderían renta familiar si se tuviera en cuenta el coste de la vida en estos territorios, mientras que el resto de comunidades, por el contrario, ganarían renta por su nivel de precios menor o más moderado.

El impacto del coste de la vida sobre la renta disponible modificaría la proporción de ciudadanos que viven por debajo del umbral de renta que se considera de riesgo de pobreza y, por ejemplo Cataluña, vería aumentar en 150.000 sus ciudadanos en riesgo de pobreza que los que da la estimación oficial, 1.044.000 personas.

La comunidad de Madrid, en su conjunto, aumentaría en 434.721 personas (+ 44 %) la población en riesgo de pobreza y pasaría a ser de 1,4 millones de personas, según el estudio.

Baleares subiría en 35.272 personas en riesgo de pobreza (25 %) y el País Vasco, en 32.584 (15 %).

En el conjunto de España, la ciudad donde el impacto en la población en riesgo de pobreza es más elevado es Madrid, ya que aumenta en casi 208.000 personas, al incrementarse el porcentaje del 17,1 % al 23,6 % de la población total en esta situación.

En Barcelona también ocurriría algo similar y la ciudad pasaría de tener 250.000 personas en riesgo de pobreza contabilizadas de forma oficial (15,4 %) a 337.000 (20,8 %) si se sumara el coste de vida local.

En las ciudades de Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Valladolid, Toledo, Girona, Tarragona, A Coruña, Santiago de Compostela y Bilbao aumentaría el número de personas en riesgo de pobreza aunque con menor intensidad.

Mientras, en Lleida, Manresa, Reus, Valencia, Mérida, Murcia y Logroño descendería la tasa de riesgo de pobreza según el coste de la vida menor en estas ciudades.

El resto de comunidades autónomas experimentarían descensos en el número de personas en riesgo de pobreza al tener en cuenta el coste real de la vida y el más elevado se produciría en Andalucía, con 277.405 personas menos, seguida de Comunidad Valenciana, 168.248, y Murcia, con 136.070 personas.

Aplicar el coste de la vida a la renta familiar disponible modifica también los ranking de las comunidades autónomas, áreas urbanas y ciudades en términos de la renta familiar disponible per cápita, han asegurado los investigadores.

Según esta consideración, Cataluña pasaría de los 13.527 euros de renta familiar disponible a los 12.551 euros, Madrid de 14.199 a 12.196 euros; País Vasco, de 15.300 a 14.390, y Baleares, de 12.410 a 12.085 euros.

Por el contrario, Andalucía ganaría en renta familiar si se tiene en cuenta el coste de la vida y pasaría de los 9.160 euros a 9.633, al igual que Aragón (de 12.300 a 12.563), Asturias (12.523 a 12.816), Canarias (9.487 a 9.763), Cantabria (12.205 a 12.350) y Castilla y León (de 12.003 a 12.731).