Los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el aportado por Plus Ultra han ratificado sus conclusiones en el careo celebrado este martes ante la juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea, por lo que se mantienen las diferencias sobre la situación patrimonial de la compañía.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que los peritos han prestado declaración durante más de tres horas y media y han respondido a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.
Las mismas fuentes han destacado el carácter "pacífico" del careo que, según han precisado, ha versado principalmente sobre el préstamo participativo que recibió la aerolínea por parte de Panacorp, la venta de uno de sus aviones y las provisiones económicas de la compañía.
En el marco de la diligencia, los peritos independientes han insistido en que Plus Ultra se encontraba en "causa de disolución" al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo, según han indicado varias fuentes consultadas.
En concreto, han ratificado el documento de 499 folios en el que explicaron que existían "dudas más que razonables" sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Asimismo, han subrayado la existencia del préstamo participativo con la entidad panameña Panacorp, suscrito en fecha de 22 de diciembre de 2017, por importe de 7,5 millones de dólares, equivalente en el momento de su firma a 6,3 millones de euros. Y han avisado de las provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales relativos a Plus Ultra.
Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor --firmantes del informe aportado por la aerolínea-- han mantenido sus conclusiones de que la empresa "no estaba en crisis" y dieron una opinión favorable para otorgar la ayuda.
A lo largo de todo el procedimiento, la compañía aérea ha insistido en que cumplió con los procesos exigidos para la concesión de la financiación pública, sin la que no hubiese podido continuar operando tras el impacto de la pandemia en su negocio. Además de los informes periciales, aportó un informe elaborado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil, que apoyaron la concesión de la financiación.
"PRUEBA ESENCIAL"
La secretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado en declaraciones a la prensa que se ha tratado de una "una prueba esencial" y que, a su juicio, "ha sido muy interesante ver las contradicciones" entre los dos equipos de peritos, ya que ha habido "muchas matizaciones" e "interpretaciones contables".
Castro ha adelantado que pedirán la declaración del representante legal de Plus Ultra y también de los responsables de la SEPI. "Sin estas declaraciones me parece que la investigación queda, quizás, incompleta. Y no deberíamos tomar decisiones precipitadas", ha dicho.
Desde la formación liderada por Santiago Abascal han insistido en que la aerolínea disfrazó su situación para poder acceder a la ayuda pública y han recordado, además, que existen "vínculos personales" entre Plus Ultra y el gobierno de Nicolás Maduro. "Eso es algo que creemos que también se tienen que evaluar", ha añadido.
ABOGACÍA Y FISCALÍA PIDEN EL ARCHIVO
El careo tiene lugar después de que la Abogacía del Estado pidiera el sobreseimiento y archivo de la investigación "al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo".
La abogada del Estado Rosa María Seoane, en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, decía que se podía "concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno".
La Abogacía insistía en que la "discrepancia técnica expuesta en el informe de los peritos judiciales" no resultaba suficiente para apreciar, "ni siquiera indiciariamente", ningún exceso por parte de la SEPI para conceder la ayuda.
La Fiscalía de Madrid también solicitó al Juzgado que archivara el procedimiento al considerar que no existían "elementos contundentes" que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.
Tras el careo de este martes, la juez tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación --como piden las acusaciones-- o si acuerda el archivo --como reclaman la Fiscalía y la Abogacía--.
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