Siete menores han muerto en 2021 víctimas de la violencia vicaria y en 4 de los casos existían denuncias previas contra el agresor; ante esta realidad, el Ministerio de Igualdad ha advertido de que las medidas adoptadas por la Justicia pueden ser suficientes o no para las mujeres, pero no lo son para sus hijos.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha hecho balance en una rueda de prensa de los datos de violencia machista de 2021, que, si bien ha sido el año con menos mujeres asesinadas de toda la serie histórica (43), la violencia vicaria ha aumentado.
Para Rosell, esta realidad se explica porque, cuando la mujer consigue salir de una relación violenta, "los hijos siguen tradicionalmente a merced del padre", quien puede ejercer sobre ellos "la más cruel" de las violencias, que causa "un daño perpetuo a la mujer".
Han sido 7 los menores asesinados por sus padres en 2021, frente a los 3 que se contabilizaron tanto en 2020 como en 2019. Este pasado año ha sido el segundo más dramático de la serie histórica junto a 2015 y 2018, desde que se empezaron a contabilizar estos crímenes, en 2013.
El año más trágico fue 2017, con 8 menores asesinados. Mientras que en 2013 hubo 6; en 2014 fueron 4; y 1 en 2016. En total, suman 46 desde 2013: 25 niños y 21 niñas.
Las estadísticas de 2021 presentadas por Rosell ponen de manifiesto que en el 100 % de los casos de violencia vicaria el asesino fue el padre biológico y, tras cometer el crimen, 5 de los 7 agresores se suicidaron (el 71 %).
En 4 de los 7 casos había denuncias previas (el 57,1 %) y en 3 de los 7 la madre fue también asesinada.
"Hay que hacer una reflexión respecto de las medidas de la Justicia porque, si en 4 de los 7 casos había medidas, podían ser suficientes o no para las mujeres, pero claramente eran insuficientes respecto a los menores", ha señalado Rosell.
En este sentido, ha abundado en que las órdenes y medidas de protección se han centrado más en las víctimas inmediatas -las mujeres- que en los menores que dependen de ellas, a pesar de que "según la ley son también víctimas directas" de la violencia machista.
Por eso, la delegada del Gobierno ha considerado que las medidas legislativas para luchar contra la violencia vicaria son esenciales y ha citado las leyes de infancia y la de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, que se guían por el principio esencial de que "un maltratador no puede ser un buen padre".
Ha recordado que, de esta forma, se suspenden las visitas cuando el padre está incurso en un proceso penal por violencia machista, algo que antes sólo ocurría en el 4 % de los casos, según ha detallado.
Esto ha motivado que la Fiscalía haya instado a realizar "cientos de revisiones" de regímenes de visitas ya existentes y que Instituciones Penitenciarias esté vigilante ante posibles visitas de menores a sus padres presos por delitos de violencia machista.
Sobre los hijos de las víctimas, Rosell ha puesto en valor la aprobación del título habilitante en la ley de violencia machista que permite que los menores puedan recibir asistencia psicológica sin necesidad de la autorización del agresor. "Ya se puede eludir la necesidad de este consentimiento que tantas veces ha limitado una asistencia psicológica esencial par los menores víctimas".
En 2021, 43 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas; 1.125 desde 2003, hasta 30 menos que en alguno de los años de la serie histórica. Es la cifra más baja desde que existen estadísticas (en 2003), un dato positivo, aunque Rosell no ha querido lanzar las campanas al vuelo y "mucho menos alegrarnos" cuando hay 43 asesinadas.
Desde Igualdad, la delegada del Gobierno explica este descenso de casos por la pandemia, ya que con las restricciones ha aumentado el control de los maltratadores hacia sus víctimas las 24 horas al día, de manera que no necesitan "conforme a su patrón machista" desarrollar una violencia extrema, como sería el asesinato.
"Esta situación no está tan vigente sin el estado de alarma, pero seguimos en pandemia", ha indicado Rosell, que ha añadido que esta realidad será objeto de estudio de su departamento.
La lectura que hace Rosell de este descenso de asesinadas alude también al incremento de los recursos y de la sensibilización del Gobierno con unas políticas "que funcionan y salvan vidas".
Según los datos de 2021, en el 79,1 % de los casos no existía denuncia previa contra el agresor y más del 30 % de las asesinadas tenía entre 31 y 40 años.
Además, 26 de ellas habían nacido en España y 17 en otros países, mientras que en el caso de los asesinos, 38 eran españoles y 5 de otros países, datos que ha querido resaltar Rosell porque van en contra de ideas "de corte xenófobo y racista".
Una vez más, Rosell ha criticado los mensajes negacionistas sobre la violencia de género que, como los de los antivacunas, hacen mucho daño y son "cómplices y encubridores" de esta lacra. "Avergüenzan, humillan y hacen que las mujeres tengan más dificultades para denunciar".
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