Una cifra que duplica las que acometió durante seis años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al amparo de la vigente Ley de Memoria Histórica
El Ministerio de la Presidencia tiene en marcha un conjunto de 352 actuaciones coordinadas en toda España para exhumar víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, una cifra que duplica las que acometió durante seis años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al amparo de la vigente Ley de Memoria Histórica.
Así lo ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar de las partidas correspondientes al ámbito de su competencia en el proyecto presupuestario de 2022 que tramita en la Cámara Alta.
Ha considerado "histórico" el presupuesto de 11,8 millones de euros destinado a impulsar la Memoria Democrática, una cantidad que eleva un 4,4 % los presupuestos en vigor.
El Gobierno, ha recordado, quiere destinar primordialmente estos fondos a aplicar la nueva Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso, con un 60 % dedicados al segundo ejercicio del plan cuatrienal de fosas.
Martínez ha destacado las actuaciones activadas bajo coordinación del Gobierno y que duplican las que acometió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se realizaron 177 trabajos de recuperación de víctimas a lo largo de seis años.
Además, los presupuestos de aquella etapa para memoria histórica llegaron a una cota de 6,2 millones de euros, ampliamente superada por los actuales, que representan un 90,7 % más, ha insistido.
Ha explicado que la Secretaría de Estado calcula que es posible recuperar entre 20.000 y 25.000 cadáveres de fosas comunes, una tarea en la que se está volcando este departamento con el propósito de acabar con la "ignominia", ha dicho, que supone que sigan enterrados sin identificar y sin que sus familiares hayan recuperado sus restos.
En este sentido, ha hecho hincapié en el papel "fundamental" que desempeña la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que ayuntamientos y diputaciones participen en el proceso, sobre todo para aquellas grandes fosas comunes con más de mil cadáveres, cuyos trabajos requieren varios años de actuaciones.
Y ha citado los convenios con ayuntamientos andaluces y de Castilla-La Mancha donde principalmente están ubicados estos enclaves, como Córdoba, Jaén, Huelva o Ciudad Real.
Fernando Martínez ha negado que el Ejecutivo actúe con "sectarismo" al impulsar la nueva ley de Memoria Democrática, como le ha reprochado la portavoz del grupo popular, Amelia Salanueva, porque el nuevo proyecto normativo atiende, ha asegurado, a todas las víctimas sin excepción y por igual.
Además, ha defendido el deber "moral" que la democracia y las instituciones tienen con aquellos que lucharon "por un país mejor y una España mejor" y la obligación que el derecho humanitario y los organismos internacionales imponen respecto a las víctimas de la represión franquista.
Salanueva ha considerado que el aumento del presupuesto en este ámbito es un "despilfarro" por el elevado número de funcionarios destinados en la Secretaría de Estado, y ha criticado las subvenciones a asociaciones "amigas", críticas también rechazadas por el secretario de Estado.
La senadora del PP, en todo caso, ha remarcado que no debe utilizarse dinero público para "financiar ideologías" y en esta línea ha sentenciado: "Dignidad para los muertos, sí, pero no para financiar ideologías sectarias".
