Unidas Podemos ha anunciado que interpondrá una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por un presunto delito de prevaricación tras la decisión "unilateral" de comunicar la retirada del escaño al hasta ahora diputado de la formación Alberto Rodríguez.
Según han explicado fuentes del grupo confederal, la determinación de Batet de sustraer la condición de diputado a Rodríguez bajo el argumento de ejecutar la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo se adopta contra el criterio de los letrados de la cámara y de la Mesa del Congreso, que se expresaron favorables a que conservara su acta.
"La presidenta del Congreso conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño", argumentan en Unidas Podemos.
Por tanto, han censurado que Batet con su decisión, que toma "cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha", hace "un "daño enorme" a la democracia y al país.
La presidenta de la Cámara Baja se ha puesto en contacto personalmente con Rodríguez para trasladarle el oficio del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la pérdida de su condición de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecución.
UP YA AVISÓ DE QUE VEÍA PREVARICACIÓN
La formación morada ya había advertido que la sentencia explicitaba únicamente la inhabilitación al sufragio pasivo, es decir, presentarse a los comicios, y que inferir de ello la pérdida de su escaño era un claro caso de prevaricación.
Y es que desde Unidas Podemos, como ha explicitado su portavoz en el Congreso Pablo Echenique, la pena por delito de atentado contra la autoridad contra Rodríguez ya estaba cumplida, una vez que se pagó la multa que sustituía el mes y medio de prisión impuesto por el fallo del alto tribunal.
Al respecto argumentaba que el artículo 42 del Código Penal, que pauta la sentencia, entraña solo la inhabilitación de sufragio pasivo mientras el 44 es el que alude a no poder desempeñar el cargo público, precepto que no aparece en la resolución.
Por tanto, como han señalado diversos cargos del espacio confederal, la actuación de Batet era un hecho "muy grave", sobre todo después de haberle solicitado a la celebración de la Mesa del Congreso del próximo martes antes de tomar ninguna respuesta institucional ante el oficio del presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena, que respondió a la petición de aclaración sobre el alcance de la sentencia que la inhabilitación era "obligada".
"NO HAY UN SOLO ARGUMENTO LEGAL"
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya apuntaba a un posible caso de prevaricación tras confirmarse la pérdida de escaño de Rodríguez y ha acusado al Supremo de presionar a la presidenta del Congreso para que se lo quitara pese a que "ambos sabían" que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.
Su homóloga en Igualdad, Irene Montero, ha sostenido que no hay "un solo argumento legal" que permita la pérdida de su condición de diputado, como explicaron los letrados de la cámara. Y por tanto cree que detrás de la decisión "está la reacción judicial y política más profunda", lo que constituye "un asalto a la democracia".
Junto a ellas, varios cargos del espacio confederal han tildado de "vergüenza", "golpe judicial" y "ataque a la democracia" la retirada del acta del diputado, cargando duramente contra el magistrado del alto tribunal, Manuel Marchena.
Precisamente la sustitución de la pena de cárcel por una sanción --que además el diputado pagó pocos días después-- es lo que esgrimieron los letrados del Congreso en el informe que redactaron sobre este caso, donde concluían que la sentencia del Supremo no debía tener efectos extra penales.
La MESA NEGÓ EFECTOS EXTRA PENALES
De hecho, los servicios jurídicos argumentaban que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que el diputado 'morado' perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.
La Mesa del Congreso analizó ese informe en su reunión del pasado martes, un documento en el que PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara, se apoyaron para mantener en su escaño a Rodríguez. El PP y Vox protestaron al entender que la condena del Supremo era clara y que lo único que debía hacer la presidenta es ejecutarla y no "interpretarla".
Un día después de que la Mesa se posicionara, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
ACLARACIONES
Este oficio llevó a la presidenta de la Cámara a reunir de nuevo el jueves por la tarde al órgano de gobierno de la Cámara. En esa cita, Batet trasladó a sus compañeros que interpretaba que el Alto Tribunal estaba pidiendo que el Congreso inhabilitara a Rodríguez, pero les consultó la conveniencia de pedir aclaraciones al Supremo sobre los efectos de la sentencia.
Mientras que el PP y Vox insistían en que no hacían falta más aclaraciones, los representantes del PSOE y Unidas Podemos se posicionaron a favor de solicitar detalles al Alto Tribunal, decisión que finalmente acabó adoptado Batet al término de la reunión de la Mesa, dado que es ella era la competente para dar respuesta al oficio.
La contestación a esa solicitud no se hizo esperar. Este mismo viernes por la mañana, Marchena respondía a Batet que descartaba cualquier error en la sentencia, que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada" y que el Supremo no está para asesorar a otros órganos del Estado.
Apenas unas horas después, la presidenta del Congreso ha resuelto ejecutar la sentencia poniendo fin al conflicto abierto con el Tribunal Supremo.
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