La Mezquita es de la Iglesia. Es ella su titular y lo es porque desde 1236 nadie ha objetado nunca contra la posesión pública y pacífica, uso, mantenimiento y conservación del templo por parte de la iglesia. De la misma manera que las diferentes catedrales de Jaén desde la primera mezquita hasta la actual lo son también como responsabilidad ha sido de los distintos obispos y cardenales durante varios siglos su construcción, embellecimiento y mantenimiento.
Pretender confundir con que cuando nos referimos a un lugar de pública concurrencia lo estamos definiendo como un lugar de titularidad pública es descabellado y atenta contra el propio significado de las palabras. Y esa es la confusión a la que algunos sectores políticos atienden para afirmar lo que nunca fue. Si en su día se abrió la puerta a la inmatriculación de los bienes públicos y los del culto católico fue precisamente avanzando en la aconfesionalidad del Estado que mantenía estos en una situación similar a los bienes públicos; pero cuidado, no porque estos fuesen públicos, sino porque siendo de pública concurrencia resultaba tan notorio y reconocido que eran bienes eclesiásticos que no era necesario su inscripción a fin de dar publicidad sobre su titularidad.
Las inmatriculaciones no son un privilegio, al revés, es la medida por la que se hace pasar por el aro de la igualdad a la Iglesia junto con cualquier otra institución tanto pública como privada de nuestro país. Y si es cierto que en algunas parroquias del norte de España hay dudas por los terrenos próximos a ermitas que se han inmatriculado; no es comparable ni extensible a la negación por las bravas de todas las inmatriculaciones realizadas en el marco de la ley. Si faltaban argumentos se suma el comunicado conjunto de más de 40 profesores y catedráticos universitarios andaluces y del resto del país que han echado por tierra el informe de la Comisión autodenominada de “expertos” sobre la que nadie dudada de cuáles serían sus conclusiones.
Conviene en estos tiempos en los que se relativiza cualquier argumento que quede claro, que un bien público no es de nadie como decía Carmen Calvo, sino que lo es por tener como titular a una administración pública. Y ese detalle es justo el que nadie es capaz de señalar cuando afirma que los bienes de la Iglesia no son suyos, no se atreven a decir de qué administración son; ya que todas las administraciones públicas hasta la fecha han dejado claro que no pueden reconocerse titulares de los bienes monumentales que pertenecen a la Iglesia.
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