Se somete al Jefe del Estado y a los tres poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- a una posición bochornosa. No importa el precio que se paga porque se impone el partidismo. Un año más -van tres- se ha abierto el año judicial solemnemente pero con el vergonzoso bloqueo de sus renovación. Los mismos que se dan golpes de pecho por cualquier asunto que afecta al ordenamiento constitucional -fundamentalmente con Cataluña o el País Vasco- son extraordinariamente laxos con sus propias obligaciones constitucionales como grupos parlamentarios y como partidos. De los partidos también, porque, como escribió el expresidente del Tribunal Constitucional Manuel García-Pelayo, “El Estado de partidos es necesariamente la forma de Estado democrático de nuestro tiempo” porque “ los electores no seleccionan entre los candidatos individualmente considerados, sino entre los partidos que los presentan a la elección…”. Se olvida, pero la justicia emana del pueblo y son las Cortes Generales las que representan al pueblo español, no las asociaciones judiciales, por muy respetables que sean. Es una discusión absurda, a la hora de plantearlo en términos de legitimidad. Distinto es si en la elección de los miembros se sigue escrupulosamente el principio de capacidad y mérito y no de afinidad partidaria.
La Constitución Española es taxativa en lo que se refiere a la renovación de cargos institucionales. Las legislaturas parlamentarias pueden durar un máximo de cuatro años y así se ha respetado siempre. Como los gobiernos. Pero hay instituciones que el Partido Popular ha convertido en rehenes de su estrategia porque se niega en redondo -reiteradamente- a su renovación, traspasando los plazos que señala la Constitución. Se trata del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Se puede añadir el consejo de la radio televisión pública, RTVE. Así de nítido. Y hasta lo verbalizan.
El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial son rehenes de una estrategia claramente ventajista para que perdure la actual composición emanada de las elecciones que convirtieron a Rajoy en presidente. Las excusas de mal pagador del Partido Popular no son creíbles. Si Podemos -guste o no- está en el Gobierno de España es porque lo ha decidido el Congreso, no es una decisión venal ni antidemocrática. La Constitución seleccionada al gusto no es un aconsejable vademécum político.
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