Es un alivio que las brometas despectivas y de pretendida superioridad -de mala idea y peor leche- en relación al “voto cautivo”, a la “paguita clientelar”, la “solución venezolana”, el “premio a la holgazanería” y otras lindezas hayan pasado de los periódicos del día a las hemerotecas, que las guardan, como expresiones de insolidaridad de algunos partidos. Los grandes vagos y ladrones y los insolidarios andan por otros barrios. Los desesperados y necesitados tendrán una ayuda que ha tardado una década en hacerse realidad. Ahora el silencio- salvo Vox- de los que hasta ayer se oponían se agradece.
El abanico en que oscilará la nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social que acaba de aprobar el gobierno con el nombre de Ingreso Mínimo Vital estará entre los 462 y los 1.015 e uros, de acuerdo con cada situación familiar, por número de hijos. Ni para salir de pobres, ni para enriquecerse. Pero sí para garantizar una renta mínima que exima de la pobreza extrema a una parte de la población española. Son cantidades muy modestas y pensadas para hacer frente a la realidad que muchos organismos supranacionales han manifestado sobre la situación de pobreza de segmentos nada desdeñables de la sociedad española.
Lo más destacado es que se quiere vincular a la inserción laboral, por eso se hace compatible con ingresos obtenidos con un empleo, hasta un nivel de renta, con análisis del patrimonio y de las circunstancias de los que lo soliciten. El hecho de que sea la Seguridad Social es una garantía de que el fraude sea mínimo, al tiempo que se contemplan las sanciones correspondientes para los que se quieran pasar de listos. Pero no conviene olvidar la única finalidad: combatir la pobreza infantil, la necesidad extrema, la indignidad de no poder alimentar a los hijos, circunstancias todas que estaban presentes en la sociedad, pero que se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19. De ahí la urgencia de su implantación.
Ni que decir tiene que Andalucía y sus capas más desfavorecidas, con algunos de los barrios más degradados de España, va a recibir una inyección de justicia social demasiado tiempo en espera. Los sucesivos informes del Defensor del Pueblo andaluz lo ponen de manifiesto. Bienvenida sea la medida desde ayer en el BOE.
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