Es lo que ha hecho el gobierno antes incluso de que el nuevo gobierno se haya hecho la foto en tan deseada -y añorada para los se fueron- escalinata del Palacio de la Moncloa, dar un campanazo. El anuncio del nombramiento de la Fiscal General del Estado en la persona de la anterior ministra de Justicia Dolores Delgado - Madrid, 1962, Lola para los amigos y amigas- ha abierto la mitológica y grecolatina caja de los truenos. Pedro Sánchez ha oído -como lo escucharon todos los españoles- en el debate de investidura las claras amenazas de llevar a los tribunales de justicia absolutamente todas las decisiones del nuevo ejecutivo. Parte la oposición de la convicción -no moral ni legal, sino política- de la ilegitimidad del gobierno por los apoyos recibidos en la investidura. La legalidad de la votación parlamentaria es irrelevante para las derechas.
Ante esa actitud el gobierno ha decidido gobernar. Saben los actuales mandatarios que no han tenido ni tendrán, no los tradicionales 100 días sino ni un minuto de gracia. La resolución de Pedro Sánchez y de su novedoso gobierno de coalición es avanzar, ejecutar las políticas acordadas en el pacto de gobierno y no dudar ni pararse en las ruidosas distracciones de la oposición ni un instante.
Eso explica la resolución sobre Dolores Delgado. Ningún escándalo. Robert Kennedy, hermano del presidente Kennedy, era el fiscal general de los Estados Unidos, contando con las sabidas distancias constitucionales. Nombrado por el Presidente y ratificado por el Senado. Igualmente es bueno saber que en el viejo régimen parlamentario del Reino Unido los fiscales generales son siempre diputados de la Cámara de los Comunes del partido gobernante, nombrados por el Primer Ministro y actúan como representantes de la Corona -aquí del Estado-. El Procurador General de Portugal, el Abogado General de la Unión Europea tienen el mismo sistema obvio. Es un brazo del ejecutivo, que actúa con independencia y respeto escrupuloso a la legalidad. Los gobiernos hacen los nombramientos no las asociaciones de fiscales ni la oposición. El artículo 124.4 de la Constitución Española es taxativa: ”El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Como suele decir el inefable Miguel Ángel Aguilar “Pero, ¿qué broma es ésta?”. “Que critiquen por los hechos, no por los supuestos”. ha replicado el presidente.
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