En román paladino

Iniciativa Sánchez

No va a ser fácil, pero las reformas tienen que abrirse paso aunque sea a trancas y barrancas. Por necesarias.

Publicado: 17/09/2018 ·
21:11
· Actualizado: 17/09/2018 · 21:11
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Autor

Rafael Román

Rafael Román es profesor universitario, miembro del PSOE, exconsejero de Cultura y expresidente de la Diputación de Cádiz

En román paladino

El autor aborda en su espacio todos los aspectos de la actualidad política tanto de España, Andalucía y la provincia de Cádiz.

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Tras la semana “horribilis” en  la que el presidente del Gobierno  ha sido sometido a sus días más  apretados por la oposición parlamentaria - a causa de la tesis más famosa de España-   y por la dimisión de la ministra de Sanidad,  Pedro Sánchez ha recuperado la iniciativa política con un tema enormemente popular: quitar un tratamiento privilegiado a los políticos en los tribunales en los asuntos penales.

No hay que tener miedo por la perdurabilidad de la democracia en España, ni por la libertad de los parlamentarios españoles cuando se expresan en el parlamento. Seguirá  vigente, en cualquiera de los casos, el artículo que lo garantiza: “Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”.  También seguirá en vigor el artículo del reglamento del Congreso que lo puntualiza: “Los Diputados gozarán de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, los actos parlamentarios están suficientemente protegidos y la libertad de expresión en el Congreso –o en Senado- es omnímoda.

Otro tema es que se les  pretenda quitar  el tribunal especial –siempre superior- que entiende  de las causas penales, el Tribunal Supremo, como instancia única.  Naturalmente, como lo comprendido en la Constitución  para el Estado ha sido trasladado en las “pequeñas constituciones” que son los Estatutos de Autonomía, los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes comunidades entienden  de los diputados autonómicos. La ley del Poder Judicial aforó a los magistrados y fiscales, la de los cuerpos  y fuerzas de seguridad también y así se ha llegado a los más de 17.000 aforados  que actualmente hay en España.

Tiempo habrá de ver el recorrido de esta iniciativa. Los populares  -cuyo concurso es absolutamente  necesario por su mayoría en el Senado- dicen que es contra Pablo Casado y para sustraer a los acusados de rebelión –imposible dado que es competencia del Supremo- , los de Ciudadanos que ellos lo dijeron primero y que podría afectar también al Rey, los de Podemos que se queda muy corta y que hay que blindar los derechos sociales y los nacionalistas que Pedro Sánchez se ha olvidado  de reformar de la Constitución para el “problema catalán”.

No va a ser fácil, pero las reformas tienen que abrirse paso aunque sea a trancas y barrancas. Por necesarias. Por la igualdad.

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